El TS ha confirmado una sentencia del TSJ valenciano que obligaba al Gobierno de dicha comunidad a entregar a cualquier diputado que lo pida encuestas pagadas por la Generalitat; el fondo del asunto es que se había pagado con dinero público 2,3 millones de euros en encuestas a las que solo habría tenido acceso el partido en el poder, que fueron usadas a su libre discreción y en exclusiva, algo que en opinión de otros partidos “no es legítimo ni legal“; los hechos fueron denunciados y lo mejor es que sienta jurisprudencia en España sobre la entrega de documentación requerida por diputados.
La sentencia condena al Gobierno valenciano a pagar 3.000 euros en costas, si bien Compromís ha anunciado que reclamarán al Tribunal de Cuentas que se exija ese pago a los consellers, ya que “los valencianos no tienen porqué pagar las fechorías ni la actuación injusta de sus dirigentes“