Transcurridos 35 años desde la puesta en marcha del primer sistema privado de pensiones –me refiero al instaurado en Chile durante la dictadura de Pinochet– parece un momento adecuado para hacer un balance de su funcionamiento y resultados, sobre todo ahora que en Europa crece el interés por impulsar estos mecanismos.
El modelo chileno se basa en que el inicio de una actividad profesional implicaba la elección por el trabajador de una AFP –Administradora de Fondos de Pensiones– en la que se constituía una cuenta individual de capitalización para contingencias de jubilación, incapacidad permanente y supervivencia, que se nutriría de dos tipos de recursos: (a) las cotizaciones o aportaciones de los trabajadores, –un 10% de su salario directo y asumido por ellos exclusivamente sin que las empresas aporten nada a estos efectos– y (b) los rendimientos que generaba la inversión de los fondos acumulados principalmente en bancos y grandes empresas chilenas –sin olvidar que de ahí se debía descontar las altas comisiones que soportaban también íntegramente los trabajadores–
Así pues, es indudable que el modelo “favorecia” el ahorro y el desarrollo de un gran mercado de capitales que llegó a tener fondos acumulados por valor de un 62% del PIB chileno, pero como todo, el sistema tiene fallos que han sobrevenido con el tiempo, dado que por ejemplo en 2008 fue necesaria la creación por el Estado de un pilar solidario para compensar la baja cuantía de las pensiones a través de un doble mecanismo: una pensión básica solidaria –algo similar a nuestras pensiones no contributivas– y el denominado aporte solidario, equivalente a nuestros complementos de mínimos para las pensiones contributivas más bajas.
La constitución hace ahora un año de una comisión de expertos con el fin de diagnosticar los problemas del sistema y plantear propuestas de reforma pone de manifiesto que estos “parches“, aunque loables, no han sido suficientes, y que, por el contrario, tales problemas –constatados también en varios países vecinos que siguieron la estela chilena en los noventa– son mucho más profundos, sin olvidar el riesgo derivado de la incierta evolución de los mercados financieros –como fue la perdida de un 23% del valor de éstos fondos privados por la crisis financiera de 2008–
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Siempre ha dicho mi suegro (más de 30 años trabajando en banca) que cuál es el motivo para que un banco no pueda quebrar en 30 años y un Estado si.
De esto va la eterna discusión. Los bancos y fondos de inversión parecen que son la panacea con una seguridad sin dudarlo pero del Estado no nos podemos fiar.
Pues yo creo que el estado a la vista de la tomadura de pelo que son los planes de pensiones en España, la gran mayoría en negativo, debe tomar cartas en el asunto, elegir un comité de gestores y ponerlo a trabajar , es decir a lo NORUEGO por ejemplo. La gestión de los planes de pensiones por parte de banca es un auténtica vergüenza los cogen para facturar comisiones y para sus propias arcas y los colocan en casas de inversión amigas que les dan estupendas comsiiones comerciales. SAludos.