Así lo expone FACUA consumidores en acción, dado que no obliga a la banca a nada de nada en concreto, pues dicha norma acordada por PP, PSOE y Ciudadanos no establece sanciones de ningún tipo para los que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones ni para los que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los afectados.
La asociación advierte que si se reintegra a los hipotecados el dinero cobrado fraudulentamente más los intereses no será como consecuencia del real decreto, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la retroactividad total en las devoluciones en contra del criterio del Supremo español, que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo de 2013.
“En este país nadie se atreve a multar a los bancos por el mayor fraude a los consumidores que se ha producido en la historia”, ha denunciado en rueda de prensa el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez. “No multaron los gobiernos anteriores ni va a hacerlo éste, porque el Ministerio de Economía no ha querido articular mecanismos para sancionar cada caso en el que se nieguen a devolver el dinero. Y tampoco han querido imponer multas contundentes las comunidades autónomas, pese a que la legislación de defensa de los consumidores pone en sus manos las competencias sancionadoras ante las cláusulas abusivas“, añaden, alertando de muchas ambigüedades, entre ellas que la norma no establece que procedimientos deberán usar para comunicarse a los hipotecados, quienes muchos siguen desconociendo a día de hoy que sus contratos incluyan o no dichas cláusulas. Así, puede que las entidades se limiten a colgar la información en sus páginas webs, sin notificárselo por correo a los clientes, o envíen dichas comunicaciones sólo a los que tengan la hipoteca en vigor y no a los que ya la pagaron o fueron desahuciados, que a fin de cuentas también son afectados y podrían reclamar. fuente: facua