Dicha fecha fue el momento de los recortes para los directivos del sector público tras la congelación de sueldos de los funcionarios –hacía un mes que se había aprobado la reforma laboral, con sus medidas para frenar cualquier amago de subida salarial en la negociación colectiva, y el Gobierno estimó necesario tomar medidas también sobre la escala directiva de los organismos estatales, y lo hizo con el Real Decreto 451/2012 por el que se regulaba el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, restringisendose el número de empleados con contratos de alta dirección que podía tener cada entidad del sector público, el salario máximo que podían percibir y eliminando la posibilidad de establecer complementos como el de antigüedad, por ejemplo, en los contratos de los directivos públicos–
El decreto de Montoro obligaba ‘de facto’ a la inmensa mayoría de organismos públicos a reformular la relación laboral con sus directivos, pero ¿que ocurrió? … pues que los organismos pusieron en marcha diversas estrategias para sortear esos límites.
Por ejemplo, la sociedad estatal red.es y el Museo del Prado modificaron la naturaleza de la relación laboral de sus altos cargos –dejaron de tener un contrato de alta dirección del sector público para instalarse en una relación puramente laboral sin las restricciones salariales que imponía el otro– e incluso otros organismos fueron mas allá y optaron por realizar maniobras dilatorias para retrasar el momento del ajuste, exigiendo informe tras informe a la Abogacía del Estado para aplicar de forma correcta la nueva normativa –como se hizo en el ICO durante un periodo de tres años en el que sus directivos públicos continuaron cobrando como si nada, o en el Consorcio de Compensación de Seguros– o bien en otros casos obviando directamente la obligación de adaptar el número de contratos de alta dirección a las nuevas especificaciones legales, como ocurrió en los órganos de Competencia. Incluso la Comisión Nacional de la Energía mantuvo 17 altos cargos sin cambios hasta su extinción un año y medio después de la aprobación del decreto de Montoro, y no ha pasado nada.
El resultado de todo ello es que los directivos continuaron percibiendo unas retribuciones superiores a las que les corresponderían por ley, en algunos casos incluso con la cobertura de los órganos estatales que debían velar por el cumplimiento del decreto, y ya ven, 6 años después, se descubrió el pastel pero tranquilos que aquí no ha pasado nada de nada ni se van a tomar cartas en el asunto.
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