Como recordarán, el almacén submarino de gas natural –cercano a la costa de Castellón– fue paralizado en 2013 por su presunta implicación en una inmensa cantidad de terremotos que comenzaron a producirse en la zona, estipulandose por el gobierno una compensación económica para la constructora ACS y sus socios –pese al fiasco del proyecto– bastante cuantiosa, de unos 1400 millones de euros, que contó con el beneplácito de la banca española –Caixabank, Santander y Bankia– dado que financiaron dicha “indemnización“.
El “problema” viene porque el Tribunal Constitucional tumbó en diciembre de 2017 el decreto que permitió compensar en 2014 dicho fiasco, por lo que toda la operación de financiación del pago –ya que el dinero fué “adelantado” por los bancos– está en el aire.
Asi pues, desde diciembre, los bancos que adelantaron el dinero –Santander, 700 millones; Caixabank, 400 y Bankia, 250– han mantenido contactos entre sí y con la Administración para buscar una solución al problema, y a ser posible, sin estridencias. También ha habido contactos con el gestor del sistema gasista Enagás que se hizo cargo de la deuda del proyecto y actuó como colocador de la misma ante las entidades financieras, pero de momento pasan los meses y no ha habido frutos aparentes.
Lo último del caso es que la CNMC –encargada de canalizar 80 millones anuales en pagos a la banca durante un periodo estimado en 30 años– tras la sentencia del Constitucional, paralizó los pagos –entre seis y siete millones al mes– e incluso sus servicios jurídicos estudian además si procede reclamar las cantidades pagadas por Castor o al menos, las que se han pagado en forma de liquidaciones provisionales.
Durante meses, todas las partes se han mirado de reojo: el Ministerio de Energía remitiendo a la CNMC; la CNMC esperando una solución por arriba y Enagás defendiendo que su papel en la operación fue muy limitado. Y los bancos, sopesando hacía dónde apuntar las baterías legales en caso necesario, aunque lo ideal -para las entidades financieras afectadas- lo ideal seria que el Gobierno articulara una salida mediante una norma legal negociada en el Parlamento, una vía que no va parece posible, según citan en la fuente del articulo original que pueden leer íntegramente pulsando aquí.