17 de cada 100 autónomos no gana o pierde dinero, es decir cubren gastos o pierden directamente , dado que su salario no computa como gasto solo su seguridad social. Esto implicaría que tal porcentaje estaría trabajando por nada o para subsistir. También hay mucho autónomo “listorro” que buena parte de su facturación es en B si son trabajos profesionales directos porque te dicen “¿con o sin factura primero?” y el sin factura ya en tono “te voy a clavar como a Cristo en la cruz si te meto un 21% más”. Al final de mes suman ingresos restan gastos y tributan próximos a cero por norma. Hacienda de oficio debería pedir explicaciones a empresarios que por sistema no declaran beneficios y siguen ejerciendo su actividad. Es que si no los demás estamos haciendo el panolis.
Y por otra parte se debería prohibir el pago de servicios profesionales en efectivo, pagando por tarjeta o transferencia a cuenta Hacienda podría cruzar “todos” los ingresos no “algunos” de los autónomos y girar las complementarias pertinentes con su respectiva sanción, lo iban a agradecer mucho el IRPF y el IVA.
Y conste que soy Autónomo y también digo que el Estado nos trata anti-constitucionalmente en materia de prestaciones sociales y pensiones, y fiscalmente de forma abusiva al tener que tributar por facturación e impuestos que no se ha cobrado. Como muestra la tabla de la fuente queda claro que el número de autónomos es directamente proporcional a la debilidad de la economía del país en cuestión. También se podría reducir considerablemente el número de autónomos porque muchos lo son por imposición o amenaza directamente de su único cliente. Esto es materia laboral, los inspectores deberían repasar los ingresos de cada Autónomo si provienen o no de origen único y si es así convertirlo en trabajador fijo de oficio.
Todos los partidos políticos quieren luchar contra el fraude fiscal y laboral, pero ninguno de ellos acude a la raíz esencial del problema, es como si tuvieran miedo a resolverlo porque los efectos colaterales fuesen más perjudiciales que el fraude mismo para el sistema. Es decir que arreglar el fraude fiscal y laboral de España tendría un coste altísimo dado que aumentaría enormemente el paro y bajaría dramáticamente los ingresos del Estado. En otras palabras necesitamos un fraude de forma estructural en nuestra economía porque es unos de sus pilares que la sustentan, triste pero cierto.
Una de las primeras conclusiones es que de los 3,2 millones de empresarios, 2,6 millones tienen beneficios y, por tanto, tienen que contribuir al impuesto por este tipo de rentas. Hacienda realiza un exhaustivo análisis sobre los negocios que realizan para llegar a la conclusión de que 540.000 empresarios, un 17,2% del total, declaran pérdidas y, por tanto, no pagan el impuesto.