Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda –GESTHA– coincidiendo con el tercer aniversario de la revelación periodística de los papeles de Panamá y con la celebración del Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales, como participante de la Plataforma por la Justicia Fiscal, registraron en el Congreso hace unos días un escrito para exigir más voluntad política a la hora de desmontar las triquiñuelas que utilizan las personas de mayor poder adquisitivo y las más grandes sociedades para eludir el pago de impuestos.
Dichas prácticas agravan la crisis de desigualdad y de exclusión social que tan alarmantemente sufre España, el país de Europa en el que más han crecido las desigualdades en los últimos diez años. Y en este sentido, pese a que el nuevo Plan de Control Tributario rompa con el continuismo de los anteriores para empezar a centrarse en el fraude de las grandes empresas y patrimonios –a los que la Agencia Tributaria destinará este año un mayor porcentaje de sus esfuerzos-, la plantilla de la Agencia Tributaria ocupará el último lugar en la Unión Europea en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE porque España cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar directamente contra la economía sumergida, o lo que es lo mismo, solo un trabajador por cada 2836 ciudadanos, frente a la media europea, según la cual cada empleado controla a menos de la mitad de los ciudadanos.
Hoy en día, España sufre más del doble de economía sumergida que los países de nuestro entorno, de forma que uno de cada cuatro euros circula a espaldas de Hacienda y cerca de 300.000 millones de euros permanecen ocultos, según datos del propio FMI. Cifras grandilocuentes que, asimismo, tienen un importante y significativo efecto en los bolsillos del ciudadano de a pie, puesto que la factura del fraude en nuestro país asciende a 2.000 euros por contribuyente.
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Mi opinión personal es que espero no ser la única persona que piense en voz alta que un pacto de Estado en condiciones sobre el fraude fiscal seria lo más parecido a una buena inversión económica que el Estado puede hacer si les interesara, claro… multiplicar los recursos de los técnicos anti-fraude, escucharles, preparar mejor las leyes, etc, etc. posiblemente sirvan eficazmente para reducir la desigualdad, el déficit y la deuda… urgen tantos pactos de Estado… pero con estos partidos políticos que sólo ven enemigos en quién no piensan cómo ellos, pocos pactos vamos a ver creo yo… ¿que opinan ustedes?
Buenos días:
Creo que la ley la va a promover Isabel Celaa desde sus varios casoplones en las zonas más exclusivas de Bizkaia valorados según ella en menos de 200.000€.
Que se pongan a trabajar donde duele.