En el mundo se generan cada año más de 2.000 millones de toneladas de desperdicios sólidos urbanos y se prevé un crecimiento del 70% para 2050, según el Banco Mundial. Estamos ante una realidad global que, sin embargo, tal vez no gestionamos bien.
Cada país afronta la gestión de residuos y plásticos a su manera y Europa es el lugar al que todos miran. La Comisión Europea ha protagonizado hasta el momento el paso más decidido y ejemplarizante dado que Bruselas pretende terminar con el usar y tirar en el viejo continente. La nueva ley prevé que se recogerá y gestionará selectivamente el 90% de las botellas de plástico para 2030, entre otras muchas medidas progresivas.
Pero casos como el de España ofrecen serias dudas de que un cambio tan drástico sea realizable. El sistema de gestión de residuos está en entredicho por activistas medioambientales, por empresas y por la propia Administración. En España, prácticamente la totalidad de los residuos urbanos los gestiona una entidad sin ánimo de lucro desde el siglo pasado, asentándose así un monopolio que, para amplios sectores de la sociedad, tal vez tiene secuestrada en España la sostenibilidad, porque no se puede ser juez y parte a la vez.
A primera vista, esta entidad sin ánimo de lucro se nos presenta como garante de la sostenibilidad y del reciclaje, asegurándonos que la tasa de reciclaje nacional, atendiendo al compendio de materiales, llega al 78,8%, lo que implica que la sociedad española ya habría cumplido con creces con la ambiciosa legislación que la Unión Europea plantea para 2025, pero lo cierto es que esta interpretación de los datos solo la avala la propia entidad, dado que sus cifras se basan solo en la basura recogida en su red de contenedores, no en el total producido, pues ¿qué pasa en las zonas del país donde no hay contenedores amarillos? ¿o con las botellas que nuestra vecina despistada tira al contenedor normal en lugar de al verde? ¿y las cajas de cartón que acaban simplemente en la basura orgánica y no en el azul? … simple y llanamente, esas no se computan en las cifras oficiales.
Será difícil que España cumpla con las exigencias ambientales de la Comisión Europea sin ni siquiera comenzar a trabajar con estadísticas apropiadas y auditadas que confronten los datos.
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