¿El capitalismo verde destruirá nuestra economía española?

¿El capitalismo verde destruirá la economía?

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Mientras los líderes políticos de nuestro país se engalanan en las vísperas de la Cumbre del Clima de Madrid y se apuran por agradar y agasajar a Greta Thunberg con todas las facilidades posibles de cara a que pueda llegar a nuestra capital y dejar así un par de titulares y una marea de fotos, esos otros afectados por el cambio climático, la clase trabajadora, ahora señalada y criminalizada por los gurús del capitalismo verde únicamente por defender sus intereses de clase al igual que lo hacen ellos, han desaparecido definitivamente de la foto.

Nadie se preguntó en 2012 como resultaba posible que con apenas 500 millones de euros en ayudas públicas, sin un plan de futuro viable a la vista para los trabajadores de las comarcas mineras y con demasiados agujeros propios de la corrupción generalizada que reinaba —y reina— en nuestro país, se iniciase un plan para el desmantelamiento de todo un sector productivo, el de la mineria del carbón, que si bien no resultaba estatal y enérgicamente tan vital para nosotros como podría resultarlo para Alemania, sí lo resultaba socialmente.

Frente a las manifestaciones del sector en dicha época, las pelotas de goma, las declaraciones políticas intrínsecamente clasistas y los titulares acusadores, supusieron los únicos vasos canalizantes para el cambio al que nos adentrábamos. Por el contrario, Alemania, en un momento similar, se tomó su tiempo para buscar una salida civilizada y ventajosa para el carbón, que si bien es una fuente de energía altamente contaminante hasta poco suministraba el 37% de la electricidad del país germano. Allí, en dichas latitudes, poniéndose 2038 como fecha límite para la total sustitución del carbón y tras un proceso de debate y diálogo en el que participaron Gobiernos regionales, industria, sindicatos y organizaciones ambientales, el Ejecutivo de Berlín decidió dar vía libre a un ambicioso proyecto destinado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que con un caudal de fondos públicos cercano a los 40 000 millones de euros destinados a las regiones afectadas intentaba evitar cualquier fractura social o económica que desestabilizase irreversiblemente el país.

Igualito que en España, oigan.

Aquí el debate transicional se daba entre impuestos a la energía solar, corruptelas en las concesiones eléctricas y expedientes de regulación de empleo masivos afrontados con estoicismo por una clase obrera en demasiadas ocasiones señalada por los que hasta hace poco eran los suyos y hoy no son más que meros consumidores.

A día de hoy, las grandes fortunas de nuestro país se disponen a repartirse el pastel de las renovables por el impass ecológico de la ciudadanía del mismo modo que se repartieron el pastel de las eléctricas tras la Guerra Civil y la posterior dictadura. Situaciones como la de Endesa en As Pontes o Naturgy en Meirama, dibujan claramente el negro panorama social al que se enfrenta la clase trabajadora aceptando sumisamente el desmantelamiento del tejido industrial de amplios territorios de nuestro estado bajo el Caballo de Troya del capitalismo verde.

La escalada en el precio de compra de los derechos de emisiones de CO2 y los 168.690 millones de euros que la Unión Europea parece dispuesta a destinar a la lucha contra el calentamiento global en 2020, han logrado que la transformación energética y el cierre de eléctricas contaminantes sea más rentable para el capital que el propio fraude en el mercado de emisiones.

España, donde aún hay abiertas 15 centrales de carbón –las cuales generan el 14% de la electricidad y emiten cerca del 15% de todos los gases de efecto invernadero-, se ha decidido a encarar firmemente el camino a la transición ecológica, si bien lo ha hecho con mucho eslogan de cartón reciclado y poca consistencia material y política, porque el cierre de industrias en nuestro país y la consiguiente reconversión industrial y energética a la que nos abocamos debería darse de manera consensuada entre sindicatos, patronal, actores políticos y sociedad civil.

No será lo mismo un camino que lastra las iniciativas particulares o públicas a la hora de producir energía y que por el contrario favorece el monopolio de grandes conglomerados empresarialestal y como en la actualidad estamos desarrollando en Españaque un modelo capaz de incentivar la participación popular en el esfuerzo ecológico hasta alcanzar que cerca del 47% de las renovables sean propiedad de la gente, tal y como sucede con sus luces y sus sombras en Alemania.

Y ojo, que no existe un modelo correcto o infalible en todo esto; nos encontramos ante un nuevo escenario para la humanidad en su desafío energético y quizás en el desafío por su mera supervivencia y debemos hilar fino a la hora de tomar nuestras decisiones, ya que puede que no quede tiempo para rectificar.

Fuente:  vice.com/es/article/xwenq3/capitalismo-verde-espana-cambio-climatico

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