El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –más conocido como IPREM– es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas.
De esta forma el IPREM fue creciendo a un ritmo menor que el SMI facilitando el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas, mientras el SMI quedó restringido a un ámbito laboral.
“Todos los Gobiernos son de coalición: de un lado, el ministro de Economía y Hacienda; del otro, el resto, cuya función es gastar“. La frase aparece en las memorias del que fuera ministro de Economía hasta 2009, Pedro Solbes, del PSOE… Publicadas en 2013 – y por tanto en plena crisis– como todas las autobiografías el tomo tiene mucho de justificación y descargo de responsabilidad; el que fuera comisario europeo de Asuntos Económicos y también jefe de Economía en los gobiernos de Felipe González se limpiaba las manos ante las acusaciones de sus padrinos neoliberales, que achacaron el aumento del déficit y de la deuda pública durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero a imprudentes decisiones de gasto social. Yo estaba ahí y firmé los decretos, viene a decir Solbes, pero sin mí podría haber sido mucho peor.
Gris como la biografía política de este economista del Estado, el Indicador Público de Rentas Múltiples IPREM reúne los méritos para que Solbes pueda pasar las puertas de un supuesto cielo de políticos neoliberales. Desde que el ministro de Economía impusiera su creación en 2004, los diferentes subsidios por desempleo en todo el territorio estatal, y un disperso catálogo de ayudas de emergencia, rentas de subsistencia y servicios autonómicos y municipales, no reflejan las subidas del Salario Mínimo Interprofesional SMI. Ocurrirá lo mismo con los planes del actual Gobierno de coalición, que quiere ir elevando el SMI al 60% del salario medio español para el final de la legislatura hasta los 1.100 o 1.200 euros mensuales, pero que se olvida de aplicar subidas significtivas al IPREM.
Parados de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, jornaleros en paro, solicitantes de justicia gratuita, perceptores de ayudas autonómicas por extrema necesidad, de vivienda pública o de ayudas al comedor escolar son los variopintos afectados por dicho indicador que apenas ha subido cinco euros desde 2010 y lleva congelado en 537 euros desde hace tres años. Un hermano gemelo tacaño y pobretón del SMI que se ha quedado atrapado en el tiempo –concretamente en el año 2006, cuando el salario mínimo estaba en los 540 euros mensuales–
“Lo más sangrante del IPREM son los subsidios”, señala Hontanares Arranz, trabajadora social madrileña y miembro del colectivo Marea Básica contra el paro y la precariedad. “La cuantía de estas ayudas no contributivas“, explica, “depende directamente de este indicador. Y puede ser peor porque además los servicios públicos de empleo ni siquiera tienen en cuenta el 100% de un índice congelado desde hace tres años, sino porcentajes menores“. Es lo que sucede con el subsidio y la renta agraria que cobran cerca de 200.000 jornaleros en Andalucía y Extremadura que cubre el 80% del IPREM o con la Renta Activa de Inserción que llega al 75%.
Una perceptora de esta última ayuda –son abrumadoramente mujeres– puede cobrar aún menos si su último contrato ha sido a tiempo parcial: a 402 euros que le corresponderían de RAI se le pueden restar porcentajes equivalentes a la disminución de jornada. “Yo he visto prestaciones de este tipo de a lo mejor 50 euros al mes”, se lamenta Arranz. Además de las perceptoras de renta y subsidio agrario, en noviembre casi 1.100.000 personas eran beneficiarias de subsidios de desempleo.
Más información y articulo completo en https://www.elsaltodiario.com/pobreza/smi-iprem-congelado