Laboratorios y empresas biotecnológicas que trabajan en los diferentes proyectos en marcha temen las consecuencias que podría acarrearles la posible aparición de efectos adversos inesperados que se descubran una vez obtenido el visto bueno para la comercialización, tras la administración masiva del producto… Normalmente, los plazos para desarrollar una vacuna son extensos, de 5 a 10 años, lo que permite a los investigadores detectar con gran exactitud posibles fallos y afinar en el porcentaje de eficacia y de seguridad que puede alcanzar el producto antes de que éste se ponga en el mercado –eso suponiendo que exista una vacuna dado que por ejemplo el VIH está entre nosotros casi 40 años y todavia no hay vacuna para el mismo–
La gravedad de la pandemia de SARS-CoV-2, con el consiguiente impacto sanitario y económico que está causando esta nueva enfermedad, han hecho que estos plazos tengan que acortarse obligatoriamente con el fin de impedir millones de nuevas infecciones y salvar así miles o millones de vidas. ¿Qué ocurriría si las vacunas que se están desarrollando llegan finalmente a administrarse y a medio plazo se comprueba que provocan algún tipo de daño colateral inesperado a los que se la pongan, como por ejemplo infertilidad? ¿Tendrían que hacer frente las empresas a la responsabilidad subsiguiente y al pago de indemnizaciones? ¿No penalizaría esto al que ha actuado lo más rápido posible para poner fin a la pandemia? Este dilema está provocando un importante debate en la industria farmacéutica y ha llevado a varios de los laboratorios implicados en los proyectos que se están ensayando a demandar soluciones antes las administraciones y gobiernos.
De hecho varias farmacéuticas han trasladado ya al Ministerio de Sanidad su preocupación, requiriéndole que sortee el vacío jurídico con algún tipo de fórmula legal que las exonere de responsabilidad en caso de fallos de seguridad no detectados como consecuencia de la rapidez con la que se ha desarrollado la investigación. La cobertura de esa responsabilidad subsidiaria es una de las condiciones esenciales, aseguran, para que la inmunización pueda realizarse en España. De acuerdo con las mismas fuentes, Sanidad no ha formulado aún una respuesta oficial.
Mientras, las empresas trabajan en la redacción de un documento para delimitar las condiciones en las que se tendría que aprobar esta vacuna en nuestro país. Esta negociación se está produciendo también en otros estados europeos.
Fuente y articulo completo: larazón
larazon.es/salud/20200724/m5vmxejjurgjjjh3ooufnjqlzm.html