Nadie quiere ser inquisidor ni hacer leña fácil del árboles que nada han podido hacer con una tragedia socio-sanitaria y económica como ha sido la del covid a nivel global.
Pero lo que no puede ser es que hayan cometido delitos de hecho y/u omisión civiles, laborales y penales por parte de “todos” los responsables políticos , cargos públicos y responsables departamentales de la administración (pública desde central a local) y determinadas empresas privadas sobre todo del sector residencial de mayores.
El Gobierno viéndolas venir porque ya estaban en el juzgado las demandas de distintos colectivos enseguida se quiso blindar contra responsabilidades derivadas ya no solo de su incompetencia e ineficacia profesional por la que pagamos todos sino atentar contra la vida de las personas por no cumplir simplemente la normativa vigente.
No se trata de hacer culpable al Estado del daño del covid en este país eso no sería justo, lo que si es justo es que se investiguen casos precisos y concretos donde la incompentencia y el delito fue la causa de muertes y contagios y también como no como se ha gestionado la compra de material sanitario necesario para combatir al covid con unos defectos de forma en el BOE realmente sangrantes para el erario público donde ha habido tráfico de influencias y enriquecimientos personales.
Aquí hay dos colectivos muy dañados por la gestión pública, reitero de todos los gestores de lo público porque si esto sucede en el sector privado las multas y sanciones habrían llovido, que no falte un EPI en una obra y se produzca un accidente .. pues en la sanidad pública miles de infectados y cientos de muertos por la administración no disponer de ellos y hacer trabajar a esta gente protegida con bolsas de basura eso si para lavar la conciencia promover el aplauso de las ocho.
Pues no, el Supremo afortunadamente ha dicho que se proceda a las investigaciones por las demandas recibidas mandando a paseo a la fiscalía general del estado que trataba de se exonerase de todo a la Administración, servidor viene oyendo que hay investigaciones de residencias de ancianos desde marzo y todavía no tiene noticia de ningún condenado, embargado y encarcelado.
Los delitos se deben pagar, todos somos iguales ante la ley usted, yo, los gerentes de hospitales y residencias, consejeros y ministros que para eso cobran. Aquí si se coloca a un incompetente al mando de una consejería o ministerio pues hay que saber donde uno se mete, porque si no es competente y eficiente lo pueden a uno declarar culpable de homicidio involuntario, o negligencia con resultado de muerte o causar al erario público fuertes indemnizaciones económicas a las víctimas.
La incompetencia no tiene color político porque los tiene todos, derecha, centro, izquierda y nacionalistas, a los juzgados los responsables demandados y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Así para la próxima cuando les regala su partido un puesto de responsabilidad o alto cargo en la función pública digan no gracias, llamen a un experto en gestión que yo soy abogado y no voy a llevar la sanidad de mi región.
Desde luego en Moncloa y en los gobiernos de CCAA estarán muy asustados cuando se den curso a las investigaciones por las querellas de varios colectivos. Van a rodar muchas cabezas por todo el país. Ahora claro, pasa una cosa el Consejo General del Poder Judicial debe ser intervenido por los políticos porque están pringados todos y si no hay acuerdo pringarán todos. Me temo que se ponga en marcha la negociación pendiente para tratar de estrangular la actuación del supremo y que las investigaciones no tengan lugar porque claro derecha, izquierda y nacionalistas son culpables, y si no llegan a un acuerdo la fiscalía general del estado , brazo armado judicial del gobierno no puede hacer nada en su favor.
Lo malo es que si hay acuerdo y no hay investigación nos quedará claro a la ciudadanía que la división de poderes no existe en este país y que el ejecutivo con apoyos puntuales acumula los tres poderes en una sola mano.