Desde que se conoció el rescate de esta aerolínea ha sido un quebradero de cabeza para el Gobierno y un atentado económico al erario público español. Entender a esta línea aérea como empresa estratégica lo han entendido solo “parte” de la Moncloa, nadie más, de fuera desde luego no ha tenido el más mínimo apoyo más que el silencio aquiescente de algunos.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender el rescate de Plus Ultra y ha dado a la empresa un plazo de cinco días para acreditar la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según el auto, la SEPI, que depende de Hacienda, debe abstenerse de realizar el siguiente pago, previsto para el 28 de julio, porque tal ayuda “debe ser justificada”.
En concreto, Collazos señala en su auto que “el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento” judicial.
La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.
“La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el ‘fumus bonis iuris’ son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional”, ha dicho.
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Servidor cree que con 54 millones de euros se ayudan a muchos autónomos y pymes que tienen a su cargo a algún trabajador como filtro y estos son mucho más estratégicos que esta compañía aérea, porque 54 millones de euros salvan miles de puestos de trabajo.