Por parte de la CAM la fiscalía va a estudiar el contrato donde el hermano de ayuso sale indirectamente beneficiado por una gestión de intermediación, para la oposición de izquierda literalmente “una mordida”.
La Fiscalía abre diligencias por el contrato del que se benefició el hermano de Ayuso
Anticorrupción investigará los indicios de delito en la adjudicación para la compra de mascarillas en la que Tomás Díaz Ayuso recibió un pago de 55.000 euros fuente : elconfidencial.com
Por la otra tenemos a la Generalitat que compró mascarillas por una enormidad de dinero público de forma irregular.
La Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalitat, ha emitido un durísimo informe contra la Generalitat por haber gastado 35 millones de euros en mascarillas en marzo de 2020 contratados de manera irregular, con total opacidad y sin justificar la urgencia. La operación se llevó a cabo en la época en que Quim Torra era presidente de la Generalitat y se hizo a través del Institut Català de la Salut (ICS), frente al cual era director gerente Josep Maria Argimon, actual ‘conseller’ de Salut, un independiente designado por JxCAT. fuente : elconfidencial.com
Lo más triste es que ambas operaciones si se demuestra su veracidad tuvieron lugar en un momento donde la tragedia social, sanitaria y económica asolaba el país, lo que tendría que suponer un agravante si se demuestran las culpabilidades de los que sacaron tajada con contratos públicos valiéndose de tráfico de influencias.
Y de esto no escapa ni el Gobierno que aunque no vaya a ser investigado es muy feo de cara a la transparencia de la que siempre presumen oculten información pública a los ciudadanos.
El Gobierno declara secreta la gestión del fondo de rescate de empresas para no rendir cuentas
Se niega a detallar cuál es el baremo que utiliza para seleccionar a las empresas beneficiarias y las cuantías concedidasNOTICIAS RELACIONADAS
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El Gobierno de Sánchez ha infringido 1.200 veces la ley de Transparencia
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado una vuelta de tuerca más a la opacidad en torno al reparto de los miles de millones de euros que conforman el fondo de rescate de empresas que se habilitó para hacer frente a la crisis del Covid, el denominado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).El Ejecutivo lo administra a través del holding público SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ha catalogado como secreto el baremo que sigue para la concesión de estas ayudas. Conocerlo es clave para poder escrutar la correcta gestión de ese fondo, pero se ha negado a aportarlo ante el Congreso.
Hasta el momento ha distribuido 2.040 millones de euros en ayudas que han aterrizado en una quincena de compañías consideradas estratégicas.