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El bufete de abogados internacional Amsterdam & Partners, con sede en EEUU y Reino Unido, ha puesto su foco sobre Hacienda y anuncia una «batalla global» contra todo el sistema tributario español ante EEUU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en España.
El fundador del despacho, Robert Amsterdam, que ha viajado a nuestro país en varias ocasiones en los últimos meses para llevar a cabo esta campaña legal y mediática contra el fisco, asegura que las primeras denuncias llegarán ante la justicia europea de forma inminente, en cuestión de dos meses.
Los argumentos para denunciar al fisco, indica, son muchos. Y entre ellos destaca que llevará a los tribunales el sistema de incentivos de los inspectores de Hacienda para practicar regularizaciones y que, si al final el contribuyente acaba teniendo la razón, no devuelven. También, el mal uso de los datos privados que se hace de las personas y el intercambio de información sobre estos datos entre Administraciones y entidades, algo sobre lo que ya ha puesto una queja ante la OCDE, así como con la publicación de la lista negra de morosos.
Arremeterá contra los Tribunales Económicos-Administrativos ya que al depender del Ministerio de Hacienda señala que no son independientes y aún así se obliga al contribuyente en muchas ocasiones a agotar esta vía que puede extenderse entre tres y cinco años antes de poder acudir a la judicial. Además, señala que la estructura de las inspecciones es «prácticamente fraudulenta» porque en ocasiones se evita la prescripción de manera artificial con pequeñas modificaciones. Y critica, otro de los argumentos con los que peleará, que se quiebra la presunción de inocencia del ciudadano porque se da más veracidad a los informes de los inspectores fiscales que a los contribuyentes, algo que ya analiza el Tribunal Supremo.
El bufete inició esta batalla contra Hacienda después de que le llegaran varios casos de clientes extranjeros residentes en España inspecciones por acogerse a la Ley Beckham, un sistema que permite a estos ciudadanos pagar un tipo fijo de IRPF del 24% y no tributar por su fortuna mundial.
La Agencia Tributaria defiende que solo ha inspeccionado al 0,5% de los 37.000 contribuyentes acogidos a este régimen para ver si cumplen los requisitos porque no puede ser «un salvoconducto para aplicarlo sin posibilidad de revisión posterior».
Sin embargo, después la batalla se ha convertido contra todo el funcionamiento del sistema tributario y ha llegado a la prensa internacional y nacional a través de una serie de anuncios en los que tacha a la Agencia de «carterista».
Amsterdam indica que tiene clientes con elevado poder adquisitivo detrás esta campaña, «pero realmente no serían capaces de financiar todo el tiempo que estamos dedicando y que vamos a seguir dedicando todo mi equipo y yo». Asimismo, rechaza las acusaciones que se le han hecho sobre que su objetivo es ganar más clientes: «No vamos a aceptar a ninguno más».
El abogado estará esta semana y la siguiente en Madrid para continuar su batalla contra Hacienda y hacer ruido con la intención de recabar más testimonios de contribuyentes, pero además de que le escuche algún partido político que, con un cambio de elecciones, decida reformar el sistema tributario. En esta misión, señala, viajará la semana que viene a Andalucía para aterrizar allí la cuestión y anuncia próximas visitas a otros lugares de España, más allá de Madrid y Barcelona, para extender su batalla.
La Agencia Tributaria tiene prácticas muy cuestionables y que pueden ser denunciables como la de dejar correr al infractor con su infracción en el tiempo sabíendolo en el año 1 y luego incoar el expediente el año 4 por mero afán recaudatorio.
Otra es la concesión de la exoneración de costas judiciales a Hacienda cuando el presunto defraudador demuestra que no lo es y obtiene sentencia absolutoria no se le devuelve los enormes gastos jurídicos y contables que ha tenido que acometer para su defensa.
La incoación de expedientes de menor cuantía a pymes y autónomos donde defenderse de ellos no vale la pena por el coste jurídico que supone la defensa de estos y el denunciado paga para no pagar 600 euros por una multa próxima a esa cantidad.
La presunción de culpabilidad del contribuyente y no la de inocencia, el contribuyente ante la agencia tributaria tiene que demostrar su inocencia y es Hacienda quien debe demostrar su culpabilidad.
La indefensión del contribuyente ante hacienda por sus datos personales, si hacienda detecta una irregularidad por supuesto que tiene que notificarla al supuesto infractor para que aporte la información que necesite la AT no la AT buscarla por otros medios violando la ley de protección de datos, porque claro, suponga usted que tiene una operación ilícita por 5000 euros, y la AT en la investigación interna sin que usted lo sepa ya sabe que usted tiene en el banco diez cuentas con 500 000 euros total ¿por qué tiene que saber hacienda cuanto tiene usted si usted cumple con la legislación vigente y ha cometido una supuesta infracción de 5000 euros?
¿Por qué no detalla exactamente el motivo concreto y exacto la AT de una supuesta irregularidad y enfanga al supuesto infractor en tediosas tareas administrativas con el solo fin de recabar la mayor información posible digamos de rebote?
En fin que hemos normalizado muchos derechos adquiridos a la Agencia Tributaria que no vamos a decir ilegales porque nos somos juristas pero si abusivos.