La juez Alaya abre las diligencias 174/11, la conocida luego como macrocausa de los ERE, a partir de la investigación de las irregularidades de Mercasevilla.
Juan Francisco Trujillo, ex chófer del director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, da un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar "cocaína, fiestas y copas".
CrónicaAlaya toma declaración a Guerrero, que implica a "todo" el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE, al asegurar que conocían el "fondo de reptiles".
Ingresa en prisión el principal acusado, el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Es el primer imputado que ingresa en prisión.
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La instrucción de los ERE se sume en un parón de varios meses después de que la juez Mercedes Alaya se vea obligada a darse de baja durante seis meses por motivos de enfermedad.
Alaya imputa a la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta.
CrónicaAlaya "preimputa" a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de la de los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. La imputación se produce el mismo día en que toma posesión el Gobierno de Susana Díaz.
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Nueva macrorredada en el caso de los ERE, la tercera que realiza este año, que se salda con nueve detenidos y la imputación de 45 personas.
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La juez decreta la responsabilidad subsidiaria de UGT-A y CC OO-A en las fianzas a dos ex sindicalistas.
CrónicaLa Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presenta en el juzgado un duro informe pericial en el que reprocha al ex presidente Griñán y a las ex consejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo que no adoptaran las "medidas" para evitar el fraude.
CrónicaSe imputa a ocho personas más relacionadas con el Grupo Nueva Rumasa, entre ellos dos ex sindicalistas de CCOO-A.
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Alaya investiga las cuentas de los sindicatos CCOO y UGT para conocer cuánto llegaron a cobrar de la Junta.
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Casi cuatro años después, Alaya envía al Tribunal Supremo la exposición razonada para que investigue a varios aforados: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno.
CrónicaEl Tribunal Supremo asume la competencia y abre una causa a los ex presidentes de la Junta por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los ERE.
CrónicaEl Tribunal de Cuentas reclama 43 millones a los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez por las ayudas concedidas a 47 empresas y a seis Ayuntamientos de Sevilla.
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José Antonio Griñán comparece para declarar ante el Tribunal Supremo y deriva la responsabilidad al interventor y a la Consejería de Empleo. A su salida, declara a los periodistas que no cree que hubiera "un gran plan" para defraudar pero sí reconoció que "hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar".
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Manuel Chaves declara en el Tribunal Supremo y sostiene que "nunca" conoció los reparos de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
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Gaspar Zarrías alega en el Alto Tribunal que las ayudas se repartían "con equidad", sin pedir "el carné" del partido y dice que las irregularidades no alcanzan ni a diez militantes del PSOE.
CrónicaLa Fiscalía pide a la Audiencia de Sevilla que divida la macrocausa en más de 200 piezas separadas, una por cada una de las empresas investigadas, así como otros dos bloques relacionados con las sobrecomisiones y el procedimiento específico empleado para la concesión de las ayudas.
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Se produce un giro espectacular en la instrucción con la incorporación de una nueva juez titular, María Núñez Bolaños, al lograr Mercedes Alaya una plaza en la Audiencia de Sevilla. Alaya solicita una comisión de servicio para seguir instruyendo las macrocausas.
CrónicaEl TSJA aparta a Alaya de las macrocausas por su "clara voluntad de no colaborar" con la nueva titular del juzgado y para evitar "un escenario conflictivo" entre ambas magistradas.
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El juez de refuerzo Álvaro Martín procesa a 26 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Chaves y Griñán, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el que se conoce como juicio por el "procedimiento específico" de los ERE.
CrónicaEl ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pide su absolución porque no hubo "conspiración" para el fraude.
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La Audiencia de Sevilla confirma el procesamiento de Chaves y Griñán, al argumentar que Chaves conocía el uso inadecuado de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas y que Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras" que se estaban cometiendo.
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La Audiencia de Sevilla aparta a Pedro Izquierdo (en la imagen) del juicio de la "pieza política" de los ERE, al aceptar la recusación por las "dudas de imparcialidad" que puede acarrear ante los ciudadanos su paso por la Junta de Andalucía. El magistrado Juan Antonio Calle Peña le sustituye como ponente de la causa.
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Arranca el juicio por el "procedimiento específico" contra los 22 ex altos cargos con la agotadora lectura de los escritos de acusación del Fiscal y de las acusaciones populares del PP y del sindicato Manos Limpias. Toda una época del Gobierno andaluz se sienta desde este día en el banquillo de los acusados.
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Guerrero niega en el juicio el fondo de reptiles. "Yo nunca he hablado de un fondo de reptiles, no tenemos fondos reservados". Ratifica que el interventor y la ex consejera Carmen Martínez Aguayo avalaron las subvenciones en el año 2005.
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La ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez declara que desconocía el procedimiento para las subvenciones y también niega que conociera los numerosos reparos de la Intervención que alertaban de las presuntas irregularidades.
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El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo asegura en su declaración que fue una "decisión personal" suya mantener que el IFA/IDEA continuara pagando las ayudas sociolaborales que concedía Empleo. El ex consejero ve "insólito" que en 12 años centenares de personas urdieran un fraude, defiende que el convenio de las ayudas era "legal" y que nunca recibió la "más leve sospecha de irregularidad".
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La ex viceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo defiende que “nunca” trasladó al entonces consejero, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) con los reparos relacionados con el pago de las ayudas porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las "discrepancias" que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L. "Ni los interventores actuantes ni los técnicos advirtieron de ilegalidad alguna", sostuvo.
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Antonio Fernández afirma ante el tribunal que se sintió "acosado" por al juez Mercedes Alaya, pero no lo denunció, y dice que aunque declaró "la verdad" ante la instructora, el acta "no reproduce fielmente" lo que dijo.
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El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán alega que no recibió las alertas del interventor, porque "jamás" se le dio traslado o se le informó de los reparos porque no había "menoscabo o riesgo de menoscabo" de los fondos públicos.
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El ex presidente de la Junta Manuel Chaves niega la creación de un sistema "para burlar la ley", reconoce que "sabía" que se daban ayudas sociolaborales y a empresas en crisis pero argumenta que ignora el procedimiento y la cuantía de las mismas.
CrónicaEl tribunal rechaza expulsar al sindicato Manos Limpias como acusación popular.
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La Unidad Central Operativa (UCO) ratifica que hubo una decisión política para implantar el sistema por el que durante una década se concedieron las ayudas de los ERE. El responsable del grupo de Delincuencia Económica de la UCO declara que en relación con el pago de las ayudas se detectó "un problema y el Gobierno toma una decisión", y eso se ve "refrendado con las modificaciones presupuestarias" que se hicieron para incrementar la partida 31L
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La ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa aclara sus afirmaciones respecto a que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían conocimiento de la gestión de las ayudas que se concedían en la Dirección General de Trabajo a través de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles. Rofa explica que desde la Consejería existía un "flujo de información continua" con el gabinete de la Presidencia sobre los conflictos que se estaban produciendo en cada provincia y las ayudas que se iban dando para paliar la situación.
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Varios testigos que participaron en la revisión de las ayudas cuando estalló el escándalo de los ERE insisten en el "caos" de la documentación que obraba en los expedientes que les fueron remitidos en "cajas de pollo", cómo llegó a afirmar unos de los funcionarios de la Consejería de Empleo.
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Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado y los catedráticos propuestos por las defensas ratifican sus informes, en los que llegan a conclusiones radicalmente distintas.
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La defensa del ex director general de Trabajo Javier Guerrero plantea que tanto la juez Mercedes Alaya, como la Fiscalía y las acusaciones populares en el caso de los ERE podrían haber incurrido en los mismos delitos que se atribuyen a los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados por no haber imputado a los 6.500 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, por haber "permitido o dado continuidad a la malversación de ingentes cantidades de dinero público".
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Finaliza a las 14:14 horas la vista oral por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, después de un año y cuatro días en los que se han celebrado 152 sesiones. Los 21 ex altos cargos imputados no hacen uso de su derecho a última palabra, salvo Chaves y Griñán, que muestran su agradecimiento al tribunal por la forma en la que se han desarrollado las sesiones.
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La Sala de Gobierno del TSJA libera durante seis meses más al magistrado ponente para la redacción de la sentencia, un plazo que luego se extiende otro mes hasta la fecha del 26 de octubre.
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La Audiencia de Sevilla condena a los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos procesados en el caso de los ERE, a cinco años y tres meses de prisión, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría.
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El magistrado ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, pide al TSJA una nueva prórroga de 15 días para finalizar la redacción de la sentencia, con lo que el fallo no se conocerá hasta después de las elecciones general del 10 de noviembre.
CrónicaLa Sala de Gobierno del TSJA prorroga por otros 15 días la liberación del ponente para la redacción del fallo. El juez necesita este tiempo para integrar los 50 archivos informáticos que tiene redactados y que acumulan 1.700 folios. La sentencia triplicará a la del desafío soberanista del procés, que tuvo 493 folios.
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El tribunal dicta una providencia en la que cita a los 21 acusados y a los procuradores para notificarles la sentencia una semana después, el 19 de noviembre.
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Ex presidente de la Junta de Andalucía de 1990 a 2009. Tras la “preimputación” de la entonces juez de Instrucción número 6 Mercedes Alaya por el escándalo de los ERE, el 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a José Antonio Griñán y los otros tres aforados incluidos en la causa. Manuel Chaves fue ministro de Política Terrritorial con Rodríguez Zapatero en 2009. El 12 de julio de 2011, tras la salida del Gobierno de Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves pasó a ser vicepresidente de Política Territorial, cargo equivalente al de Vicepresidente Segundo.
El 10 de septiembre de 2013, fue imputado por la juez Alaya, en el caso de los ERE.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación
Siendo diputado por la provincia de Córdoba en el Parlamento andaluz, el 21 de abril de 2009 fue investido presidente de la Junta de Andalucía, en sustitución de Manuel Chaves cuando éste fue nombrado vicepresidente del Gobierno. El 3 de mayo de 2012 fue investido, por segunda vez consecutiva, presidente de la Junta de Andalucía. El 27 de agosto de 2013, presentó su dimisión.
Tras la "preimputación" de la Jueza de Instrucción Mercedes Alaya por presunta corrupción por el escándalo de los ERE falsos, el 17 de febrero de 2014, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado junto a Manuel Chaves y los otros tres aforados incluidos en la causa.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión a los que se suman 20 de inhabilitación para empleo o cargo público por malversación.
Condena: 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación<
Ex consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y presidente de la Comisión General de Viceconsejeros (1996-2009), conocida como “consejillos”.
En 1995 fue nombrado consejero de Industria, Turismo y Comercio, manteniéndose hasta 1996. En abril de 1996 vuelve a ser consejero de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Chaves.
El 24 de abril de 2009 es nombrado Secretario de Estado de Cooperación Territorial en el Ministerio de Política Territorial, cargo que ocupó hasta diciembre de 2011.
Fue secretario general del PSOE de Jaén entre 1994 y 2010 y desde febrero de 2010 es nombrado secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación
Ex consejera de Economía (2 de agosto de 1994-7 de febrero de 2004) y ex ministra de Fomento (2004 a 2009). Nacida en San Fernando, Cádiz, en 1952, fue ministra de Fomento de 2004 a 2009. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones al ser imputada por el caso de los ERE.
Ha sido profesora de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.
Fue consejero de Empleo de la Junta de Andalucía (29/04/200 a 25/04/2004).Con anterioridad a su carrera política, fue entrenador de fútbol profesional, dirigiendo, entre otros conjuntos, al Sevilla Atlético (de 1976 a 1978), Algeciras (temporada 79-80) y Xerez CD (80-81).
José Antonio Viera, profesor de Enseñanza Secundaria, ha sido concejal en el ayuntamiento de Tocina entre 1983 y 1987.
En 2000 fue nombrado por Manuel Chaves consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, cargo que ostentaría hasta 2004. De 2004 a 2007 fue delegado del Gobierno en Andalucía.
El 12 de febrero de 2012 dimitió como secretario general del PSOE de Sevilla.
El 25 de junio de 2015 es imputado por el Tribunal Supremo y el PSOE le pide que entregue el acta de diputado. Viera se niega a entregar el acta y el 26 de junio de 2015 abandona la militancia en el PSOE, deja el partido y pasa a formar parte del Grupo Mixto.
Penas solicitadas: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por un delito continuado de malversación.
Condena: 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
Este político jerezano fue viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía del 29 de abril de 2000 a 25 de abril de 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido profesor asociado en este centro y el la Universidad de Cádiz y abogado laboralista en las asesorías jurídicas de CCOO y UGT.
También ha sido concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y diputado por Cádiz, y ha ocupado diversos cargos desde que se incorporó a la administración autonómica en 1994.
El 14 de marzo de 2011, Antonio Fernández fue imputado por el caso Mercasevilla. El 24 de abril de 2012, Antonio Fernandez ingresó en prisión.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación
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Licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Puericultura y Medicina Familiar y Comunitaria, fue consejera de Hacienda y Administración Pública (2010- 2013) anteriormente fue viceconsejera desde 2004 a 2009. Ocupó diversos cargos de responsabilidad en el Servicio Andaluz de Salud como directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (1996-2000), directora general del Insalud (1994-1996) y subdirectora general de Atención Especializada del Insalud.
Posteriormente, con la llegada a la presidencia de José Antonio Griñán en 2009, es nombrada consejera de Economía y Hacienda, pasando en 2010 a ser consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, cargo en el que repite tras las elecciones autonómicas de 2012.
Pena solicitada: 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público.
Condena: 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
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Francisco Vallejo Serrano comenzó su trayectoria en la Administración Pública Andaluza en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Jaén (1986), primero como Secretario General y posteriormente como Delegado. Posteriormente, de 1988 a 1994, fue alcalde de La Carolina.
Tras su paso por la política municipal fue consejero de Obras Públicas y Transportes (1994-2000).
Entre 2000 y 2004 se hizo cargo de la Consejería de Salud. Entre 2004 y hasta abril de 2009, estuvo al frente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Pena solicitada: 8 años de prisión por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación, 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
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Nacido en El Pedroso (Sevilla) en 1956. Director general de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008.
Está investigado en 76 piezas tras haber sido excluido ya de 60. En marzo de 2012 ingresó en prisión por caso fondo de reptiles.
Está condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en Umax, aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Ha sido condenado a 5 años y 9 meses de prisión por el caso de los contratos fantasmas en Umax (la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo)
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación.
Condena: 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
Agustín Barberá Salvador fue viceconsejero de Empleo de abril de 2004 a abril de 2010.
En 1995 pasó a ocupar el cargo de delegado en la misma provincia de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, puesto en el que continuaría en la etapa de la Consejería de Trabajo e Industria.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación
Fue alcalde de Estepa en 1983. Director general de Administración Local y Justicia (1994-2000). Ha sido viceconsejero de Justicia y Administraciones Públicas (2000-2005), exceptuando el periodo entre febrero y abril de 2004 cuando fue nombrado consejero de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en sustitución de Carmen Hermosín Bono.
En 2005 es nombrado viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, cargo que ocupó hasta marzo de 2010.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación.
Condena: 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
Ex director General de Trabajo y Seguridad Social como sucesor de Francisco Javier Guerrero.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 7 años de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación.
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Nacido en Madrid en 1967, fue asesor de la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991. Entre 1992 y 1997 fue observador de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (Osce) en el proceso electoral de Bosnia-Herzegovina, actividad que compaginó con las de director general adjunto del Instituto Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
En 1997 se incorporó a la Fundación EOI, de la que fue director general en Andalucía hasta su incorporación como director en la agencia IDEA de mayo de 2008 a diciembre 2009.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 8 años y 6 meses de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación.
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El ex secretario general de Trabajo (1994 a 2000) fue jefe de Servicio de Gestión Económica de la Consejería de Trabajo (1991-1994), secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales (1994-1996) y secretario general técnico de la Consejería de Trabajo e Industria (1996-2000).
En 2001 Javier Aguado fue nombrado jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)y dede febrero de 2003 ejerció como jefe de grupo de la empresa Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia), participada por el IFA.
Está condenado por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel, aunque la sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación.
Ex secretaria general técnica de Empleo desde abril de 2008 a mayo de 2012.
Condenada por el caso de contratos fantasmas en Umax a cinco años y tres meses de cárcel aunque la sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 8 años y 6 meses de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación.
Ex director general de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 y fue Director General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos desde junio de 2008 a octubre de 2011.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por prevaricación y malversación
Juan Francisco Sánchez García fue secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Nacido en Granada en 1955.Secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000. Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas.
Ex secretario general técnico de Empleo (2000-2004). Fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, desde el año 2000.
Nombrado en 2004, secretario general técnico de Innovación, Ciencia y Empresas. Entre 1994 y 2000, Juan Francisco Sánchez estuvo al frente de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Sevilla.
En 1985 ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación.
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Ex interventor general de la Junta de Andalucía (2000 a 2010). Se enfrenta a la acusación de un delito continuado de prevaricación y otro delito continuado de malversación.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación por prevaricación y 6 años de prisión y 20 años de inhabilitación por malversación.
Condena: Absuelto de los delitos de prevaricación y malversación.
Nacido en Sevilla en 1941. José Salgueiro Carmona fue viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 a febrero de 2004. Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía del 10 de febrero al 25 de abril de 2004
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación
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Francisco de Río Muñoz fue jefe del gabinete jurídico entre los años 2001 y 2008.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Condena: Absuelto del delito de prevaricación.
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Antonio Vicente Lozano fue viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de abril de 2002 a abril de 2009.
Pena solicitada: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Condena: 9 años de inhabilitación especial por prevaricación
Antonio Estepa Giménez fue secretario general de Hacienda (2000 a 2004). Estuvo imputado en el caso de los ERE desde 2013 hasta el 29 de octubre, cuando todas las acusaciones retiraron los cargos contra él en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla. Inspector de Hacienda de profesión.
