El nido del Kuko 309

¿PRÓXIMO DERRUMBE DEL SISTEMA DE PARTIDOS?

Sólo 7 millones de españoles –de los 17 millones activos– poseen un salario lo suficientemente alto como para sostener el actual sistema de partidos; las cifras se corresponden con las de la última encuesta que manejan secretamente los diputados y que refleja como 10 millones de españoles han abandonado a las principales formaciones de la partitocracia.

Son días de preocupación para Sus Señorias y no por las vacaciones; las encuestas y sondeos, los datos fiscales del IRPF y los laborales del INE, junto a la decidida actuación que están demostrando unos pocos jueces, les afloran unos resultados desalentadores: el régimen se derrumba y el próximo sábado día 7 de julio se cumple el primer mes de la cuenta atrás anual para las elecciones europeas, y como el “enfermo” –que así llaman en privado al país– sigue con electroencefalograma plano y cayendo en sus constantes vitales, esto en la “jerga” política quiere decir que el horizonte de privilegios se acaba porque ganan las opiniones ciudadanas que demandan lo contrario: “transparencia, reparación y confiscación”.

La decisión del juez Ruz de reclamar por primera vez los datos fiscales de un político para averiguar el origen de su fortuna ha provocado que la clase política española entre en “fase de pánico”, un estado anímico en el que se suelen cometer muchos errores. El causante ha sido el juez Pablo Ruz, que desde la Audiencia Nacional ha reclamado los datos fiscales del dirigente del PP, Javier Arenas, y ha descubierto ganancias por valor de 2,5 millones de euros en los últimos 20 años sin que declarara los sobresueldos y “sobres” del tesorero Luis Bárcenas. La declaración del presidente del Senado, Pío García Escudero, que tampoco declaró un “préstamo” del PP que todos en la Cámara Alta creen en realidad ficticio, es otro dato que apunta en esta dirección. En el caso de Arenas, comenzó como político en las juventudes con 26 años y ganando 35.000 euros, que consolidó en 1990, pues no están incluidos sus ingresos desde 1983 a 1989 como concejal y parlamentario andaluz. Arenas va a cumplir 30 años como político viviendo de un sueldo público, ya que nunca ha ejercido ni como abogado ni como funcionario, sus dos profesiones acreditadas.

El nuevo “caso Arenas” está causando pavor entre los políticos españoles, toda vez que hasta ahora estaban “blindados” ante Hacienda, cuyos funcionarios no pueden solicitar inspecciones ni aclaraciones sin pulsar el “botón rojo” de “personaje VIP”, lo que activa de inmediato la alarma informática y hace comparecer al funcionario honrado y diligente ante un responsable tributario con cargo político que le afea la conducta. Es así como todos los políticos y ex-políticos españoles han confiado en la impunidad fiscal durante los últimos 30 años. En fuentes parlamentarias se apunta que un caso “preocupante” es el del ex-lehendakari, José Antonio Ardanza, del PNV, dedicado hoy al arte, pero se mencionan otros muchos, como el del ex ministro Rodrigo Rato y sus exportaciones desde Washington, así como otros diputados que poseen grandes fortunas por la propiedad de empresas hortofrutícolas. Por eso, el precedente que significa que un juez reclame revisar sus declaraciones fiscales sin límite de tiempo ha provocado temblores en la mayoría de ellos.

Los diputados y senadores de los diez partidos que conforman la “partitocracia” española y que acaparan el 95% de los votos miran con recelo la pionera decisión del juez Ruz, pero no tanto porque vayan a secundarla en el Parlamento reclamando una inspección sobre el pasado fiscal de sus compañeros de escaño –probablemente todos tienen algo que ocultar y se tapan entre ellos-, sino que lo que les inquieta es el hecho de que ante el derrumbe del actual sistema partitocrático, las nuevas formaciones políticas ciudadanas y movimientos sociales que se están conformando son en su gran mayoría partidarios de “levantar las alfombras”. Ningún partido del régimen desea revisar el pasado reciente de políticos, banqueros y cargos públicos que han llevado a España hasta este abismo laboral y económico a costa de su enriquecimiento personal.

Es así como, aprovechando los dilatados calendarios electorales que les garantizan entre 4 y 5 años de ocio entre cada consulta electoral, ahora toca la llamada a las urnas europeas en junio de 2014. Una fecha demasiado lejana para la agónica situación de 6 millones de españoles en paro y 7,5 más con salarios muy precarios, según el INE, pero muy cercana para la “casta”, que ve en ella el principio del fin de sus privilegios, y lo que es peor, el riesgo de transparencia y devolución de todo lo amasado.

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