EL ‘CASO LAMELA’ …
O el desmantelamiento de lo público para hacer negocio… el hoy exconsejero madrileño de Sanidad tejió una compleja red de sociedades relacionadas con la sanidad y es adjudicatario de lo que privatizaba. “Yo hablo de sanidad sin apellidos”, contestó Manuel Lamela a unos periodistas que le preguntaban por la idoneidad de que un consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como era su caso, dejara la política para entrar a formar parte de empresas cuyos ingresos tuvieran una relación directa con su gestión de gobierno.
“Sin apellidos”… eso era antes… Ahora, gracias entre otros a él, podemos empezar a hablar de “sanidad con nombres y apellidos”.
Cuando uno observa que los presidentes de las principales empresas públicas de este país, como Telefónica, Repsol, Argentaria, etc. se quedaron en el cargo una vez privatizadas y, para mayor escarnio del sistema democrático, resultaban ser amigos personales, en algún caso de la infancia, del presidente del Gobierno José María Aznar –léase Juan Villalonga, Alfonso Cortina, Francisco González o consejeros y asesores como Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, etc–, se entiende que se trata de una verdadera incautación, que nada tiene que ver con la transparencia y honradez que deberían presidir procesos de esta envergadura que, en ningún caso, han aportado el menor beneficio, sino todo lo contrario, al interés general. Los principales beneficiarios de estas operaciones han sido los cargos nombrados a dedo cuando eran empresas públicas que han acumulado descomunales fortunas.
Ahora asistimos con perplejidad al descaro con el que se derivan grandes partidas presupuestarias desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hacia empresas privadas en cuya cúpula directiva aparecen los exconsejeros que adjudicaron esos recursos. A simple vista parece un simple fraude para apropiarse de dinero público, cuando se dan las explicaciones pertinentes se confirma.
Son los casos del señor Juan José Güemes y del señor Manuel Lamela. Protegidos y encumbrados por Esperanza Aguirre que ahora, con su característica humildad se ofrece, desinteresadamente, para “regenerar la democracia”. Aznar también urge en la necesidad de hacerlo: curioso que los que inventan las trampas se ofrecen para cambiar las reglas del juego.
Ante tamaño atropello al sentido común y la honradez elemental, en estos tiempos de crisis en los que a muchos ciudadanos se les priva de lo esencial, aquellos que predican e imponen la austeridad, se dedican al saqueo, y, ¿cómo reaccionan sus compañeros de partido? … Salen en tromba, en su defensa apelando a la legalidad de esas operaciones.
La legalidad se convierte en el manto que legitima toda clase de maniobras empresariales llevadas a cabo desde la gestión pública y que tienen como fin el lucro personal. Hay un debate al margen de los resquicios que permiten las leyes y que se refiere a la moralidad, la razón y la justificación de esas acciones.
El listón de las tropelías va subiendo, cada vez pasa más basura por debajo, y con este sistema de expolio de nuestro patrimonio, la calidad de vida de los ciudadanos desciende, se les priva de la menor posibilidad de plantearse un proyecto de vida y desaparece la fe en el sistema, que en un proceso de «feedback» favorece su desmantelamiento por la desafección de los beneficiarios hacia el Estado del bienestar. Los responsables de la Administración se convierten en auténticas empresas de demolición que obtienen astronómicos beneficios con la expoliación del bien común. Por eso, como decíamos, no se debe centrar el debate en la legalidad de estas perversas maniobras de enriquecimiento personal, sino en cuál es la misión para la que estos señores han sido elegidos y para qué le pagamos dinero nosotros, los ciudadanos, que somos los que les contratamos.
La malicia de estas acciones queda aún más en evidencia si, como a ellos les gusta, llevamos su “gestión” al terreno de la empresa privada que dicen entender muy bien. En unos casos, no hacen más que derivar clientes a la competencia para luego pasarse a ella en claro delito empresarial, pero en otros es aún más descarado, meten mano en la caja y reclaman la acción de la Justicia como único foro donde dar explicaciones. ¿Único? Cuando a alguien le sorprenden robando en su puesto de trabajo, primero tiene que aclarar lo sucedido a sus superiores y son estos los que le denuncian en la comisaría de turno si lo estiman oportuno, pero en el caso de estos señores, se ahorran las explicaciones a los ciudadanos, en un desprecio absoluto hacia las reglas del sistema, olvidándose que trabajan para los ciudadanos. Cuando se les llena la boca afirmando: “A nosotros nadie nos da clase de democracia”, suena redundante, es obvio que ni las reciben, ni las recibieron cuando salieron de aquel sitio para viajar al centro. Ese es uno de los principales problemas de casi cualquier partido que nos ha gobernado y que como una legión de termitas, incansables, pertinaces, está desmontando el Estado del bienestar.
Fuente: infolibre.es