En España, la «sociedad pública de autopistas» es otro ejemplo de subvención encubierta: 3500 millones de euros en deuda y poco más de 600 millones en capital social… éstas son las cifras que se suman al pasivo de las arcas públicas.
Ante la evidente quiebra de un puñado de autopistas de peaje que operan actualmente concesionarias privadas, una vez más, el Gobierno sale al rescate con fondos públicos pero manteniendo la participación privada, en el caso que nos ocupa, en el entorno del 20% de la futura Sociedad Pública de Autopistas, que será la Sociedad de creación por Real Decreto para rescatar las inversiones fallidas de ciertas empresas constructoras. En concreto, los tramos que pasarán a formar parte de esta Sociedad público-privada serán los de algunas de las radiales de Madrid y el arco mediterráneo, actualmente insolventes ante la caída del tráfico de viajeros y el peso de un alto endeudamiento en gran parte derivado de los altos costes de las expropiaciones y el descontrol de los costes de ejecución material de obras.
Resulta paradójico que ante tanto recorte de prestaciones sociales básicas y tanto énfasis en la reducción de gasto público por parte del Gobierno, al mismo tiempo que se hace especial hincapié en la atracción de inversores extranjeros, se proteja de esta manera a un reducido número de tramos de autopistas de peaje que están evidentemente quebradas.
Así, por un lado, se asume un aumento del endeudamiento del Estado y un aumento de recursos de las arcas públicas hacia el mantenimiento de una serie de inversiones privadas que, –el tiempo dirá-, serán o no rentables en el largo plazo, pero que a día de hoy se muestran totalmente inviables económicamente. Y por otro, se impide que dichos tramos de autopistas sean objeto de quitas y ventas a inversores nacionales o extranjeros que ante una reducción de los costes inherentes a dichas infraestructuras, –que naturalmente tendrían que asumir sus actuales propietarios-, podrían volver a ganar atractivo de cara a su explotación por otros operadores, favoreciendo así el dinamismo de nuestra economía y posibilitando la viabilidad de las infraestructuras en cuestión, al mismo tiempo que eliminando cualquier tipo de gasto de dinero público.
Y es que en los últimos meses, algunos operadores europeos de este tipo de infraestructuras –especialmente ingleses y alemanes– han mostrado mucho interés en penetrar en nuestro mercado nacional de comunicaciones terrestres, aprovechando naturalmente la debilidad de muchas de las concesionarias de nuestro país. Pero con la intervención salvadora del Estado y la creación de la Sociedad Pública de Autopistas, aparte del aumento del gasto público, se blindan una vez más las infraestructuras deficitarias operadas por concesionarias nacionales en detrimento de la llegada de inversores extranjeros que ven cómo el proteccionismo del Gobierno español con cargo a las arcas públicas impide la necesaria entrada de capital extranjero en nuestro país. Alucinante.
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