¿Y qué si no pagamos la deuda?

Las consecuencias de no pagar la deuda no son ni el apocalipsis ni la panacea. Existen estudios que afirman, de media, que los Gobiernos que acometen un ‘default‘ pierden unos 16 puntos en intención de voto y a corto plazo el impago se traduce en menos crecimiento, menos crédito y más desempleo –caramba, que curioso, lo mismo que está ocurriendo en España– pero vayamos al grano:

Impago, quita o reestructuración de la deuda son las cuestiones económico-políticas que más revuelo están causando en los últimos tiempos a raíz de que varias formaciones, como Izquierda Unida, Podemos o Equo, las hayan incluido como parte de sus propuestas económicas en las últimas elecciones europeas. El debate entre si un repudio de la deuda es una medida útil para ayudar al país a salir de la crisis no deja indiferente a nadie. Por un lado, los detractores de esta medida señalan que no pagar la deuda nos arrastraría a un ostracismo dentro de los mercados de financiación, lo que hundiría aún más nuestra economía y empleo. Por otro, sus defensores se escudan en casos como el de Islandia, Argentina y Ecuador para señalar que las consecuencias no serían tan graves y que esas economías han salido rápidamente de la crisis.

¿Qué hay de cierto y de exageración en cada una de estas posturas? ¿Cómo afecta un impago de la deuda a variables como el crecimiento, el desempleo, las exportaciones y el acceso al crédito? ¿Qué tipo de costes políticos acarrea? A todas estas cuestiones les han dado respuesta diversos trabajos de investigación que han analizado multitud de casos de impagos.

A lo largo de la historia de la humanidad, han sido registrados más de 280 casos en los que las condiciones de pago de una deuda, (bien por impago, quita o reestructuración) han sido modificadas y, por ello, no se ha acabado el mundo [PDF].  Además, antes o después todos esos países han vuelto a colocar deuda en los mercados. De forma que la evidencia empírica destierra la idea de que un impago suponga poco menos que el Apocalipsis. Esto, ni mucho menos, quiere decir que no cumplir con los compromisos financieros salga gratis. Si bien las consecuencias de un «default» en el largo plazo apenas resultan perceptibles, en el corto y medio plazo puede ocasionar shocks muy duros para la economía que lo lleva a cabo.

Esas son, a grandes rasgos, las conclusiones que se extraen de los trabajos llevados a cabo por varios expertos en el análisis histórico de impagos como Eduardo Borensztein, Ugo Panizza o Eduardo Levy-Yeyati, quienes han estudiado hasta 257 casos de defaults [PDF]  y han evaluado las implicaciones que estos han tenido en aspectos tanto económicos como políticos [PDF]

Tras el análisis de toda esta muestra entre las consecuencias que acarrea un impago figuran que durante el año en que la economía hace el repudio, la capacidad de crecimiento del país en cuestión se ve mermada entre 0,6 y 1,2 puntos porcentuales; pero una vez transcurrido el año del impago, la economía empieza a recuperarse del mal trago, generalmente con una lenta recuperación del crecimiento, aunque ha habido casos puntuales de países en los que el repudio fue todo un punto de inflexión y tuvieron repuntes importantes en crecimiento.

Otra de las consecuencias inmediatas del impago es la marginación del país en los mercados de deuda, de tal forma que el Estado pierde de sopetón (aunque sólo momentáneamente) una de sus principales vías para obtención de recursos, que es la emisión de letras y bonos. De esta manera, la articulación de programas de incremento del gasto público en el corto plazo se ve seriamente dificultada, ya que, de media, transcurren entre tres meses y medio y cinco años y medio hasta que los mercados olvidan el impago y los países pueden volver a emitir deuda para financiarse. Las exportaciones también sufren, aunque en mucha menor medida, los efectos secundarios de un impago. Por lo general, el comercio exterior hacia el país que no paga tiende a reducirse un 8%, aunque transcurrido entre dos y tres años el país recupera el volumen de intercambios comerciales previos al impago, sobre todo en sus exportaciones de productos industriales.

El acceso al crédito es otra de las variables seriamente afectadas, tal y como muestra la experiencia pasada, dado que los bancos son uno de los principales tenedores de deuda del Estado. Por tanto, un impago de la misma se traduce en una caída del valor del activo total de su balance que, por el principio contable de partida doble, se debe compensar con una disminución en igual cuantía de su pasivo. Este ajuste de su pasivo se traduce en una caída del volumen del crédito concedido, que puede llegar hasta el 40% en los primeros instantes tras el default y en un encarecimiento de los tipos de interés exigidos por prestar entre los 250 y los 400 puntos básicos. Si bien es cierto que estos efectos desaparecen pasados dos años y siempre y cuando el impago no haya sido tan brusco que haya desencadenado una crisis bancaria. Lo cual no es una opción nada descabellada, ya que tras un default la probabilidad del colapso de las entidades financieras se sitúa entre el 14% y el 46%, según los estudios. El menor crecimiento económico unido al menor acceso al crédito de las empresas tiene su impacto negativo sobre el empleo, con lo que en los meses posteriores a un impago suelen darse repuntes de las tasas de paro o un cercenamiento del ritmo de creación de puestos de trabajo.

El mal trago que, por lo general, supone en el corto plazo para la población los efectos secundarios de un impago tiene su factura política. En los países con regímenes democráticos que lo efectuaron, en un 33% de los casos se produjo la destitución del ministro de Economía o del gobernador del Banco Central del país en cuestión. Y en la mitad de los casos, el Gobierno que implementó el repudio fue remodelado o salió del poder, ya que -de media- perdió hasta 16 puntos porcentuales en intención de voto.

Otra de las conclusiones que señalan los estudios es que los costes que acarrea un impago están directamente relacionados con la cantidad total de deuda que no se paga, la capacidad del país para depreciar su divisa y el contexto en el que se desarrolle el impago y la medida en la que éste resulte pactado.

En este sentido, las comparaciones del caso de España –que tiene una deuda pública de más de un billón de euros– con el Ecuador que hizo un impago en 2008 –teniendo en su caso una deuda cercana a los 10.000 millones de dólares– no son válidas en ese aspecto para poder esperar que el impago de España tenga los mismos efectos que en un país latinoamericano. Por otro lado, si España impaga su deuda debería plantearse seriamente a continuación su permanencia en el euro, ya que una de las principales armas que puede usar un país para mitigar los efectos perniciosos de un repudio es la fuerte devaluación de su moneda, tal y como hizo en su día Islandia.

En lo que si cuenta con cierta ventaja España es que en el contexto actual la posibilidad de hacer unas reestructuraciones ordenadas de la deuda de los países es algo que ha dejado de ser un tabú para muchas instituciones. Por ejemplo, el Centro Internacional de Estudios Monetarios y Bancarios y su programa P.A.D.R.E. plantea un plan serio de reestructuraciones y quitas de deuda soberana para las economías europeas [PDF]  propugnando, además, medidas de pacto con los acreedores para tratar de que el shock del impago sea menor.

Impagar una deuda tiene también su parte positiva al reducir el volumen total de deuda que lleva a cuestas la economía y el drenaje de recursos para pagar los intereses de esta disminuye, lo que favorece mayores posibilidades de crecimiento. La clave, según los expertos, es buscar que las consecuencias positivas que puede acarrear el no pagar la deuda a la larga compensan los elevados efectos negativos que genera a corto y medio plazo.

Fuente:  ZoomNews