Agustín G. Turiel Martínez, Inspector de Hacienda del Estado en calidad de Interventor y auditor, ha realizado un exahustivo informe sobre la legitimidad de la deuda pública española, que pretende demostrar que buena parte de la deuda pública emitida por la Administración Central del Estado no corresponde a las necesidades del funcionamiento operativo del Estado, sino a otras causas.
Este informe no evalúa el origen de la totalidad de la deuda. No es un informe general sobre la deuda sino un informe parcial sobre ciertos aspectos de legitimidad o no de la Deuda Pública Española, y con ciertas limitaciones, obtiene las siguientes conclusiones a finales de 2012 -asi que imaginense como estará ahora la cosa–
1.- La deuda “ilegítima”, considerada exclusivamente como aquélla generada no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros, asciende en principal e intereses, en la actualidad, a más de ciento veinte mil millones de euros –ojo que hablamos de finales de 2012, actualmente es muy superior a dicha cifra–
2.- El origen de esta conducta, iniciada en 2008, según la cual el Estado pide prestado para luego, a su vez prestar a terceros, son las prácticas de inyección de fondos a la banca privada, cantidades que, con criterios realistas, ni son ni serán devueltas y que no han generado apenas ingresos de ningún tipo. Dentro de los ciento veinte mil millones de euros de deuda ilegítima y, de acuerdo con el trabajo de campo, se podrían identificar unos cuarenta y cinco mil millones de euros hasta 2010, directamente empleados en el saneamiento del sector bancario.
3.- La carga financiera de esa “deuda ilegítima” supone el pago de más de cinco mil millones de euros anuales, y en los años siguientes, si el principal de la deuda ilegítima va en aumento y los tipos de interés suben, el pago de intereses de esta deuda ilegítima podrían llegar al 1% del PIB y representarían (siempre que se recorte el déficit público) la cuarta parte de ese déficit.
4.- En realidad la deuda pública ilegítima es mucho mayor, pues este informe deja sin examinar la deuda pública de otras administraciones (Comunidades Autónomas y Entidades Locales) ni la ilegitimidad por otros conceptos que los estrictamente económicos. Asimismo, tambien ha quedado fuera de ésta evaluación gastos en armamento, obra pública inútil, transferencias a confesiones religiosas, etc, etc…
Aquí tienen el sesudo informe completo en PDF que avalaba dichas afirmaciones
Voy a leer todo el dossier antes de opinar pues del extracto sólo saco que unos 45.000 millones de € es lo que hasta 2.010 se le «ha dado» a la banca.
Para imaginarme cuánto es esa cifra en sanidad + educación el recorte total ha sido unos 15.000 millones de € (fuente: http://goo.gl/FpU5sL)