Las últimas actualizaciones de compatibilidad para altos cargos han dejado en 14 los nombres del Gobierno y de la Administración General del Estado que en 2015 han sido autorizados para trabajar en la empresa privada antes de los dos años de margen que marca la ley. Las decisiones de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ejecutivo y que se publican en el Portal de la Transparencia, recoge las autorizaciones vigentes para regular la transición de lo público a la empresa privada, un fenómeno que ha recogido numerosos ejemplos de lo que se conoce por “puertas giratorias”
Según dicta la ley que regula los conflictos de intereses, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas «relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado» –es decir, si dictaron resoluciones en relación con esas empresas o si intervinieron en sesiones de órganos colegiados en los que se adoptaron esas resoluciones– y tengan en cuenta que esos 14 nombres se suman a otros tantos ya publicados en 2014.