En la negociación del TTIP, el CETA y el TiSA, la Comisión Europea parece más preocupada en garantizar beneficios a inversores que garantizar los derechos a los ciudadanos; pretenden captar capitales extranjeros e imponer un modelo de desarrollo económico basado en la exportación, a través de los tratados de comercio e inversión internacional, llamados de «libre comercio» con el pretexto de conseguir un mayor crecimiento económico bajo el principio de la competencia.
Éstos nuevos tratados constituyen un marco legal protector de la circulación de las inversiones entre los diferentes estados firmantes, que desregularán la circulación de capitales, permitirán deslocalizar la producción y con ello poder llevarse actividades económicas a países donde se produzca con costes laborales más bajos, normalizarán la explotación laboral de los más débiles e incluso permitirán a las multinacionales poder procesar judicialmente a los países ante tribunales arbitrales –bien sea por supuestas violaciones de los estándares de «trato mínimo» estipuladas en dichos tratados o incluso por cualquier supuesta «expropiación indirecta» sobre ganancias esperadas–