Detrás de sistemas políticos, económicos y sociales se encuentran grupos y jerarquías dirigiéndolos desde el parcial anonimato, y no nos debería extrañar que exista también un entramado establecido por el que aceptamos someternos a través de la manipulación de las leyes y del lenguaje usado en estas.
Pensamos que las leyes son creadas por un poder legislativo independiente electo por medio del sistema democrático para el bienestar y el buen funcionamiento de una sociedad, pero, ¿qué ocurre cuando las leyes comienzan a actuar en contra del bienestar y la libertad de las personas? ¿cómo pueden coexistir la esclavitud y la creencia de que vivimos en una sociedad libre amparados por derechos supuestamente inalienables, mientras el estado y las leyes nos imponen limitaciones a estos derechos?
Como personas, cada vez tenemos más restricciones a la libertad de expresión –vean el ejemplo de la famosa ley Sinde-, y restricciones a la libertad de movimiento –escáneres corporales y exhaustivos controles en medios de transporte, restricciones a libertades en vías publicas llamadas «ordenanzas para la convivencia», etc, etc–
La razón por la que tienen poco que ver los derechos que piensas que tienes con los que en realidad se aplican, radica en obtener mediante refinados trucos y manipulaciones del lenguaje nuestro consentimiento para ser gobernado, convirtiéndote en una corporación o persona jurídica que pasa a ser regida por la Ley Marítima, que es un cuerpo normativo internacional que rige las relaciones entre entidades de Derecho privado o corporaciones dedicadas al tráfico marítimo, y tiene su origen en los usos comerciales de los antiguos egipcios, fenicios y griegos que llevaban a cabo comercio marítimo. Ésto fue recopilado en la edad media bajo el Llibre del Consolat de mar de Barcelona, que aún sigue siendo internacionalmente el texto de referencia sobre Ley Marítima.
Si miramos nuestro Documento Nacional de Identidad, permiso de conducir y cualquier documento emitido por organismos públicos, nos daremos cuenta que el nombre de la persona está escrito todo en MAYÚSCULAS. Piénsalo bien, ¿qué razón estética, informática o legal pueden aducir para usar en toda documentación emitida por el estado esta forma de escribir los nombres, aún en contra de usos gramaticales tradicionales?
Veamos lo que ocurre en los EEUU para entender el porqué de tan refinada farsa; tras la I guerra mundial y la recesión mundial, la Corporación conocida como The United States entró en estado de insolvencia en 1933, a través del Emergency Banking Act del 9 de Marzo de 1933. Para poder continuar funcionando, la corporación USA ofreció sus empleados –lease «ciudadanos»– a la Reserva Federal como garantía de la deuda. En 1933 se introdujo la obligatoriedad del registro de nacimiento, y el Certificado de Nacimiento funge desde entonces como titulo de Valor, parecido a las acciones en la bolsa. Su valor se corresponde las ganancias promedio que se esperan de una persona a lo largo de una vida promedio, proveniente de su fuerza de trabajo, ideas creativas, experiencia, consumo, impuestos, enfermedad y las que aún se les puedan ocurrir. Este sistema se ha establecido a lo largo del mundo, y es válido para la mayoría de países occidentales, con diversos matices.
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