La gestión de políticos llevó a la quiebra una de las depuradoras más grandes de España vía el saqueo indisimulado de fondos públicos que varios altos cargos desviaban para pagarse casas, viajes, comilonas, prostitutas y hasta consolas.
Mientras la dirección expoliaba la empresa, los trabajadores –muchos de ellos enchufados por el PP– disfrutaban de unas condiciones sin parangón en el mercado… en una compañía con millonarias y recurrentes pérdidas, la política laboral era un despiporre, donde cada presidente metía a 10 o 20 personas con sueldos más propios de una orgía económica –así los definió el ex-concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y ex-trabajador de Emarsa, Juan Carlos Gimeno– donde por ejemplo personal de limpieza cobraba 38.000 euros al año, un administrativo 60.000 y el director de planta 120.000; es más, once directivos ganaban más que el presidente del Gobierno y algunos casi que doblaban el salario del presidente de la Generalitat.
El convenio colectivo firmado por los gestores –cargos del PP sin experiencia y puestos a dedo– y el comité de empresa era insólito: indemnización por despido de 45 días por año trabajado incluso cuando la rescisión de contrato era procedente y puestos de trabajo casi hereditarios, en una empresa donde el absentismo laboral se situaba en un 20%, cuadruplicando la media española.
Emarsa tenía un «marcadísimo carácter político«, ha reconocido Gimeno en el juicio… «para trabajar en Emarsa tenía que afiliarme al PP y ser discreto«, ha confesado Arnal, que venía de otro partido, ante los jueces. Otras dos acusadas, una abogada y una periodista, reconocieron en la vista que fueron enchufadas por el presidente de la empresa –Enrique Crespo, vicepresidente de la Diputación de Valencia, también procesado– y solo iban a la planta a cobrar. Un ex-supervisor de la compañía advirtió de los problemas económicos derivados del exceso de personal y el gerente le contestó que no se podía despedir a nadie.