Si se quiere que la economía española compita y que los consumidores dejen de sufrir es obligado reformarlo, como mínimo, liquidando la posibilidad de condiciones autoconcedidas y practicando una fiscalidad sana, que no acumule impuesto sobre impuesto.
A éstas alturas todo el mundo ha caído en la cuenta de que el precio de la electricidad en España es un peso muerto para la productividad y para el bolsillo de los consumidores. El mismo Gobierno que entona todos los días, con mal solfeo y peor letra, la cantinela de las reformas se olvida que en España sobrevive una pésima regulación en el mercado eléctrico.
Resulta que en junio el precio de la electricidad generada en España marcó en torno a 50 euros por megavatio/hora (MW/h) y en ese mismo periodo, en los países del norte de Europa, la media aproximada fue de 30 euros Mw/h, es decir, casi un 50% menos; ¿por qué se produce esa diferencia? Una de las razones que más pesan en el precio final del pool es la persistencia en las condiciones de casación de precios de condiciones específicas que se arrogan las compañías al ofrecer su electricidad al mercado. Por ejemplo, cuando una compañía presenta una oferta para vender sus megavatios puede exigir la condición de que esté garantizado un ingreso mínimo en forma de horas casadas que cubra los costes del arranque; si no, retira su oferta y mantiene parada esa producción. Otra compañía pone otras condiciones, y así sucesivamente. Las casaciones de precios exigen muchas iteraciones y, después de varias retiradas, el precio final es siempre muy superior al que resultaría de un mercado sin tanta letra pequeña condicional. En dinero, la letra no es tan pequeña: como media, encarece la tarifa en al menos diez millones de euros diarios.
Fuente: Jesús Mota para ELPAIS