El «Pacto de Toledo» es un documento aprobado unánimemente en las Cortes en 1995 que ha dado pié al sistema actual de pensiones español y su evolución actual, siendo su objetivo inicial abordar los retos de suficiencia –mantener el nivel de vida de los pensionistas-, sostenibilidad y autosuficiencia del sistema público de pensiones, que lleva asociadas unas reuniones periódicas para «cumplir el guión» y permitir cubrir dichos objetivos mediante partidas de cada PGE –Presupuestos Generales del Estado–
Precisamente éste año ha existido un cierto fracaso en el mismo porque no han logrado acordarse cambios que se reflejen en los PGE de 2018 con lo que el Ejecutivo tendrá que incluir una fórmula para financiar un agujero de más de 15.000 millones de euros el año que viene… El desafío, ahora, pasa por que las reformas y acuerdos estén listas para incluirlas en los presupuestos de 2019.
El próximo encuentro contará con la presencia del director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro, para analizar la evolución del Fondo de Reserva tras la disposición que realizó el Gobierno en junio y que no será la última, ya que para pagar la extra de diciembre tendrá que volver a tirar de la hucha –que se quedará tiritando– y agotar el préstamo de 10.192 millones de euros del Tesoro.
La falta de medidas durante años ha conducido a las arcas de la Seguridad Social a enfrentarse a una crisis que ha reducido drásticamente sus ingresos -obtenidos mediante cotizaciones sociales– mientras que se disparan los gastos. En este caso, hay dos razones. Una es el envejecimiento de la población y el incremento del número de pensionistas. La otra, que los nuevos jubilados tienen derecho a una pensión mayor. Los pensionistas de entre 60 y 64 años cobran, en promedio, 1.179 euros; entre 65 y 69 años, 1.160 euros; y entre los 70 y los 74, 1.028 euros. Son los únicos tramos de edad en los que la pensión media sobrepasa los 1.000 euros.
Tanto los sindicatos como PSOE y Unidos Podemos plantean desviar gastos de la Seguridad Social a los presupuestos. Por ejemplo, los gastos corrientes –casi 4.000 millones de euros por año– del funcionamiento del Ministerio, como ocurre con otros. Este punto es uno de los pocos en los que hay consenso en el Pacto de Toledo. Otras opciones como quitar los topes en las cotizaciones máximas o dejar de financiar desde la Seguridad Social las bonificaciones a la contratación no están tan claras, incluso se pretende analizar el ejemplo de Francia, que en los años 90 creó un impuesto solidario para las pensiones.
Por ahora, sin medidas, el Gobierno contempla un déficit acumulado de la Seguridad Social de 87.000 millones de euros que los expertos creen se irá aliviando con la última reforma –eso sí, a costa del bolsillo de los pensionistas–
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