El colectivo de autónomos se revela como la principal vía de salida de la crisis al cuantificar una creación mayor de empleo que la empresa privada y generar más contratos que las administraciones, aunque éste año 2018 tendrá que afrontar dos asuntos clave en el plano político: el debate sobre la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para buscar una salida a su insostenible sistema de protección social –la inexistencia de un sistema progresivo deriva en jubilaciones por debajo del umbral de la pobreza pese a los esfuerzos económicos y las prolongaciones ficticias de la vida laboral que no logran remediarlas– y la revisión de la ley de «segunda oportunidad» que el Gobierno debería presentar a mediados de mayo si sigue el mandato del Congreso.
Observando las estadísticas solo un 55% de los 3,2 millones de autónomos lleva más de cinco años en la Seguridad Social, y muchos meses las bajas superan a las altas –entre enero y noviembre entraron en el sistema 634.222 personas y salieron de él 619.624, lo que deja un escaso avance de 14.598-. Los datos, tozudos pero reales, apunta a que el país flojea en lo que se refiere a la consolidación de los negocios y pone en entredicho la eficacia que por sí sola pueden tener medidas como la cacareada tarifa plana de 50 euros, cuyo impacto presupuestario supera los 1400 millones anuales.
Lo que algunas fuentes indican es que, pese a las deducciones aprobadas, la gran mayoría de autónomos volverán a ver incrementadas sus cuotas mínimas a la Seguridad Social, como pueden leer en éste articulo de público.