La empresa pública «DivalTerra» –antes llamada Imelsa– dependiente de la Diputación de Valencia, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido candente en el punto de mira ya varios años.
Así, este organismo, con competencias en gestión forestal, se ha visto implicado en varios asuntos en los tribunales, desde las presuntas prácticas irregulares para financiar al PP valenciano confesadas por el exgerente Marcos Benavent –el autodenominado yonqui del dinero— hasta la detención hoy del presidente de la corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, por contratos de alta dirección que se están investigando. Y todo ello, pasando por la polémica dimisión de otro ex-gerente, el socialista Víctor Sahuquillo, tras un informe de un auditor que apuntaba a gastos en gin-tonics apuntados como dietas.
El origen del denominado caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa. En concreto, se acusaba a Marcos Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
Las diligencias abiertas dieron como resultado que en enero de 2016 se desarrollara una operación anticorrupción que sacudía de lleno al PP con la detención de 24 personas, entre ellas, el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia y ex alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus; la ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de València María José Alcón, recientemente fallecida; el ex diputado del PP en las Corts y ex secretario autonómico de Deporte David Serra; y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.
Uno de los episodios más conocidos de esta supuesta trama son las grabaciones que se hicieron públicas en las que presuntamente se puede escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones -extremo que este siempre ha negado- y una de las ramas de esta causa es el ‘caso Taula’, por el que están investigadas 50 personas más.
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