La banca española mira de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la misma corte que hace casi dos años tumbó el criterio del Supremo y ordenó la retroactividad de las cláusulas suelo y que ha cuestionado en varias ocasiones la normativa sobre ejecuciones hipotecarias, quien está ultimando un pleito donde la banca se juega bastante, un dinero que, según algunas estimaciones, las entidades financieras habrían cobrado de más a los clientes en cuyos créditos aplicaban el IRPH –Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios– en lugar del EuroIbor para el calculo de intereses.
Si la corte europea falla a favor de los consumidores, el coste para la banca triplicaría el previsto para las cláusulas suelo, que rondaba los 3.200 millones en el conjunto del sector financiero, y cuadruplicaría los 2.300 que Moody’s estimaba que podía acabar costando, en el peor de los casos, tener que cubrir el AJD -impuesto de Actos Jurídicos Documentados- de los últimos cuatro años.
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