La comisión del Pacto de Toledo se creó en 1995 por todos los partidos para encontrar fórmulas que aseguren la sostenibilidad del sistema público de pensiones pero un cuarto de siglo después, las fórmulas siguen sin estár claras. Es posible que nunca lo estén, porque el mundo cambia a velocidad de vértigo. Especialmente el mundo del trabajo, clave del arco para el sistema. Las diferencias en el seno de la comisión han impedido aprobar el último documento de recomendaciones. Contenía una propuesta llamativa: aumentar los ingresos de la Seguridad Social recaudando cotizaciones de los robots que sustituyen a trabajadores humanos en las empresas.
El mito del robot pagador de pensiones no es nuevo. Tecnólogos y economistas debaten en torno a la figura desde hace años. Lástima que no exista. El robot cotizante es un cuento. Es más real la historia de la chica de la curva. Es un cuento que nace de la necesidad: como la revolución tecnológica aumenta la productividad, pero no aumenta el empleo, se buscan soluciones innovadoras –desesperadas en realidad– para evitar la quiebra del sistema. Y ¿qué hay más innovador en el imaginario colectivo que un autómata que trabaja y paga en beneficio de los amos humanos?
Lástima que los robots no manejen fondos. Una pena que ni coticen ni vayan a hacerlo en el futuro.Los autómatas sólo abaratan los costes a las empresas, lo que aumenta sus beneficios. Son las empresas y también los trabajadores las que pagan. Y son las empresas las que deben considerar –y aceptar en su caso-, trasladar parte de ese ahorro en costes por prescindir de empleados a garantizar las prestaciones de los expulsados. Eso se llama responsabilidad social, algo que va más más allá del simple cumplimiento de leyes y normas.
No es probable que las empresas acepten pagar por mejorar sus sistemas productivos. Menos cuando no está claro qué va a pasar en el futuro. Si hay que creer a los expertos que cada año se reúnen en Davos (Suiza), no hay que tener miedo a los robots. Uno de los documentos que manejó el Foro Económico Mundial The Future of Jobs 2018 recogía las previsiones de responsables de recursos humanos en grandes multinacionales. Según sus cálculos, lo más probable es que la automatización acabe con 75 millones de empleos en los próximos años, pero se generarán 133 millones de nuevas ocupaciones, de modo que el saldo neto (58 millones) será positivo.
Tranquilidad, los expertos han hablado. No está claro que la robotización y la tecnología digital vayan a aumentar la desigualdad social. Pero las amenazas son reales. El empleo en la UE crece. Nunca ha trabajado tanta gente, aunque el 20% de los puestos de trabajo son de baja calidad. La automatización puede barrerlos. No sólo a ellos, sino también a los empleos que alimentan –es un decir- a la clase media.
La patronal de los fabricantes de robots AERATP calcula que hay más de tres millones de robots ya en funcionamiento. En Alemania, de hecho, ya hay algo más de cuatro robots por cada 1.000 trabajadores, mientras que en Italia o Suecia hay 2,5 millones. El proceso es imparable y trae grandes cambios. El economista y sociólogo Manuel Castells relata en su libro La era de la Información cómo ha evolucionado el tiempo de trabajo a lo largo de los siglos XIX y XX en los países desarrollados. En 1850 un trabajador lo era a lo largo de 150.000 horas en toda su vida. En 2000 se situaba, en promedio, en 75.000 horas anuales.
La tecnología no se detiene y hay una clase de nuevos robots, los denominados de “propósito general” que no están diseñados para unos determinados puestos de trabajo en industrias concretas, sino que son adaptables a diversos tipos de negocios y afectan a tareas comunes a muchos sectores. Las cuentas de los ejecutivos de Davos están entredicho. Se avecinan cambios profundos en la organización del trabajo, lo que obligará, tarde o temprano, a innovar en materia de protección social.
Pero la solución no será aplicar tasas por el empleo de robots. Eso son remiendos. Los cambios en el sistema productivo reclaman algo más más profundo: un nuevo contrato social y la intervención pública para modular un sistema que asegure una vida digna a los perdedores de las (múltiples) transiciones que están en marcha. Es una cuestión de decisión política. El resto son cuentos.
Fuente y articulo completo: lainformación – https://is.gd/vY8IsS