¿Por qué a los bancos llegan a sobrarle trabajadores voluntarios para ser despedidos cuando plantean recortes de empleo? Parece obvio que el motivo principal se encuentra en las apetitosas condiciones de salida que, gracias a una combinación de factores, acaba pactándose en las mesas de negociación y que han permitido al sector prescindir ‘por las buenas’ de al menos 91.119 empleados que ha recortado en la última década.
La banca, que sigue la estela de la gran empresa en la ejecución de EREs al alegar causas organizativas y productivas mientras las pérdidas quedan para las microempresas y las pymes, obtiene con los despidos colectivos un primer beneficio directo que es el recorte de la partida de personal. En el caso de CaixaBank, el coste de 890 millones de euros de su último ERE le permitirá ahorrar 190 al año en gastos, lo que le abre la puerta a mejorar los beneficios y, como consecuencia, a mejorar la remuneración de los accionistas vía dividendos, lo que suele traducirse en un aumento de la capitalización bursátil.
Sin embargo, expectativas al margen, hay sustanciosos beneficios indidirectos. “El dinero destinado a un ERE es un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades”, explican José María Mollinedo y Carlos Cruzado, presidente y vicepresidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Es decir, que en España el despido colectivo tiene una prima de carácter tributario.
La Ley del Impuesto de Sociedades trata como gastos deducibles las indemnizaciones por cada despedido de hasta un millón de euros o de 42 mensualidades de salario –las máximas por cese improcedente, a 45 días por año trabajado-, con la posibilidad, además, de distribuirlo en varios ejercicios en el caso de las compensaciones prorrateadas en diferido que desde hace años han sustituido a las prejubilaciones. Estas eran rentas que salían de las reservas del banco, de su patrimonio, mientras que el nuevo formato se aplica contra la cuenta del resultados del ejercicio en curso.
No se trata del único coste externalizado al Estado. Pese a tratarse de bajas voluntarias, el Inem las tramita como despidos improcedentes, lo que da derecho a una prestación por desempleo que la empresa descuenta de las indemnizaciones durante los dos años que esta dura para los ‘prejubilados’ que salen tras haber trabajado más de seis años en la empresa. La prestación sí tributa en el IRPF.
Por otro lado, la llamada ‘enmienda Telefónica’, impulsada por el ministro Valeriano Gómez en 2010, cuando esa compañía despidió a más de 6.000 trabajadores el mismo año que obtenía su récord de beneficios, obliga a las empresas a asumir el coste del desempleo de los empleados de más de 50 años que despide vía ERE. Sin embargo, los resultados recaudatorios no han sido muy boyantes –429 millones de euros en cinco años por la falta de medios humanos y materiales del SEPE, el Servicio Público de Empleo-.
Hay otras peculiaridades de la normativa fiscal que ayudan a alcanzar esos acuerdos en los ERE, y que en casos de sectores con músculo financiero como la banca resultan clave. Una de ellas consiste en la exención del IRPF de las indemnizaciones por despido de hasta 42 mensualidades a 45 días por año con un límite de 180.000 euros, una medida establecida en los inicios de la última crisis que anima a los empleados a presentarse voluntarios a los ERE.
Esta exención supone, por ejemplo, que un ‘prejubilado’ medio –casado, con un hijo, sin personas con discapacidad en el hogar y con la casa pagada– que ingresa 40.000 euros brutos del banco llega a ahorrarse en IRPF hasta 7.000 euros por ejercicio según la estimación realizada por Gestha.
En el caso de los despidos con indemnización en un solo pago, quedan exentos de tributar en ese ejercicio fiscal los primeros 180.000 euros que reciba el afectado. Si no llega a esa cifra, no paga nada por la compensación.
Por el contrario, las cotizaciones sociales sí penalizan la financiación de los EREs al obligar a las empresas a cubrir el llamado Convenio Especial con la Seguridad Social, que consiste en asumir el ‘sello’ del trabajador de más de 55 años hasta su jubilación; es decir, casi un 28% del salario salvo en las etapas en las que este, en esos años, se emplee en otro trabajo… eso, para un salario medio de 50.000 euros, supone un gasto de casi 14.000 euros anuales que, en el caso de los ‘prejubilados’ de 50 años de Banco Santander, a los que se extendió esa medida en la negociación, puede llegar a situarse por encima de los 200.000 hasta que cumplan los 65 años.
Fuente y articulo completo: publico.es/economia – https://is.gd/vXlFtw