España no para de recoger guantazos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el organismo dedicado a la resolución de conflictos internacionales adscrito al Banco Mundial, por los recortes que se infringieron a las renovables en la era Rajoy.
El último laudo dictado por el organismo relativo a denuncias de inversores internacionales motivadas por la llamada reforma Soria-Nadal del mercado, calificada por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica como “un recorte, drástico y retroactivo, que el Gobierno Rajoy infligió a las instalaciones renovables” —un proceso que comenzó con los recortes de Zapatero a las ayudas a la energía renovable—, supone que las indemnizaciones ya firmes que deberá pagar el Estado ascienden a 800 millones de euros, a los que habrá que sumar los intereses de demora y los gastos generados en el proceso por la defensa de estos pleitos y el pago de costas.
Se trata del décimo proceso que pierde España, en el que el demandante es un fondo perteneciente a la gestora de inversiones especiales de Londres Infrared Capital Partners, propiedad del banco británico HSBC, pero con toda probabilidad no será el último. En total, son 44 los casos conocidos en los que se demanda a España, con lo que la factura por la modificación de las reglas del juego sobre renovables realizada podría costar al contribuyente hasta 4.300 millones de euros por daños causados a los inversores.
España es el país del mundo que más denuncias ha acumulado en el primer semestre de 2019, “algo que refuerza la posición destacada de España durante los últimos años como país con más reclamaciones pendientes por quebrantar la Carta de la Energía a causa de la devastadora reforma del sector eléctrico”, destaca el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “Este vía crucis que está soportando el Estado español es un descrédito para nuestro país y una sucesión lacerante de noticias para los 60.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que contemplamos como para una misma situación se están produciendo dos tipos de justicia: la que obliga a indemnizar el daño causado a los inversores foráneos, frente a la realidad de las familias fotovoltaicas españolas, que soportamos recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada. Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y no evite la ruina de sus nacionales”.
Fuente: elsaltodiario.com/isds/decima-colleja-espana-recorte-renovables-van-800-millones
Todo se lo debemos al ínclito Zapatero que declaró barra libre con las renovables, hasta que se dió cuenta de que había metido la pata.