Conforme los gobiernos han ido tomando medidas para frenar la propagación del coronavirus y evitar más muertes o el colapso del sistema sanitario, los grandes bufetes de abogados también están expectantes… Sin embargo, su preocupación no es salvar vidas o mejorar la sanidad pública, sino preparar litigios para demandar a los estados por sus medidas de contención.
Dado que las recientes leyes de emergencia producen pérdidas económicas para algunos sectores –las compañías aéreas, por ejemplo, prevén de entre 200.000 y 300.000 millones de dólares menos de ingresos-, sus abogados están buscando fórmulas que permitan demandar a los gobiernos en virtud de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados. Gracias a los acuerdos de protección de las inversiones, de los que hay más de 3.000 en todo el mundo, los inversores extranjeros pueden litigar contra los estados directamente ante tribunales de arbitraje privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI en Washington sin pasar por la justicia ordinaria. El procedimiento se lleva a cabo a puerta cerrada entre tres árbitros, que suelen proceder de bufetes privados, y es sin posibilidades de apelación.
Recientes informes publicados por el Corporate Europe Observatory, el Transnational Institute y el International Institute for Sustainable Development han estudiado las actividades de bufetes de abogados, tales como Aceris Law, Ropes & Gray, Quinn Emanuel, Freshfields, Alston & Bird, ArbLit, Volterra Fietta, Debevoise & Plimpton, Hogan Lovells, Linklaters o Garrigues, que ya están rastreando posibles compensaciones económicas para las empresas perjudicadas por las medidas de emergencia de los gobiernos y, de paso, forrarse ellos.
Y es que en un mundo tan globalizado y abierto al libre mercado, algunos gobiernos se podrían ver amenazados con reclamaciones por daños y perjuicios porque han asegurado el suministro de equipo médico y servicios de atención de la salud, fijado el precio de mascarillas y medicamentos, garantizado alimentos, congelado el pago de hipotecas o suspendido las facturas de electricidad y agua -si, si, tal y como lo han leido- e igualmente podría haber demandas por órdenes de cerrar negocios y de confinamiento, restricciones a la exportación, decisiones políticas o administrativas de qué compañías e industrias son rescatadas y cuáles no, o sobre si el gobierno hizo lo suficiente o no para mitigar la crisis, la previsibilidad y coherencia de su orientación y sus acciones, así como la nacionalización de alguna infraestructura vital.
España e Italia también son blanco de éstos bufetes, por obligar a los hospitales privados a proporcionar camas de cuidados intensivos o suspender los pagos de hipotecas y otras facturas de los hogares muy afectados que no podían abonar sus préstamos hipotecarios.
Les pongo un ejemplo más claro: España e Irlanda aprobaron temporalmente el control público de los hospitales privados, pero bajo diferentes tratados internacionales los inversores extranjeros podrían reclamar millones de euros en daños por tales acciones –incluso si los gobiernos ya han pagado una compensación que cubra los costes a los propietarios privados-. En España, entre los fondos de inversión extranjeros que han privatizado la sanidad y podrían usar esta vía, están CVC Capital Partners, Fresenius Helios -el grupo alemán dueño de Quirón Salud-, el holandés DIF y grupo DomusVi -geriátricos- o empresas farmacéuticas como Johnson & Johnson, Merck, Gilead y Roche.
Fuente y articulo completo: elsaltodiario.com
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