La trama de irregularidades que presuntamente han cometido algunos gestores de La Seda de Barcelona amenaza con salpicar de lleno a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Según un auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista, el juez Eloy Velaco estima que las denuncias presentadas contra el presidente de la CNMV, Julio Segura Sánchez, y el presidente del ICAC, José Antonio Gonzalo Angulo, por un presunto delito de prevaricación en sus actuaciones de control sobre La Seda de Barcelona «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
Por este motivo, el magistrado dicta en su auto que las denuncias contra Segura y Gonzalo se remitan al Juzgado Decano de Instrucción de los de Madrid, para que proceda a su reparto. La decisión, que tiene fecha del 24 de mayo, considera que las denuncias contra los presidentes de la CNMV y del ICAC no pueden acumularse a las diligencias previas que está realizando el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia sobre los presuntos delitos cometidos por los gestores de La Seda, entre los que destacan el ex presidente de la compañía, Rafael Español, y el actual presidente, José Luis Morlanes.
Denuncias de los minoritarios
La decisión del juez de desglosar las actuaciones contra la CNMV y el ICAC se basa en el informe presentado por el Ministerio Fiscal remitido el 14 de mayo, en el que se aconsejaba la separación de las denuncias.
Las denuncias contra la CNMV y el ICAC fueron presentadas en su día por la asociación de accionistas minoritarios de La Seda que preside Juan Justo de Frutos. Esta organización, denominada Unidos por La Seda, considera que tanto la CNMV como el ICAC han hecho una dejación voluntaria de sus funciones de control y que con sus «no actuaciones» han perjudicado económicamente a los accionistas minoritarios que han perdido la mayor parte de su inversión.
En el caso del ICAC, los denunciantes consideran que este organismo no realizó la tarea de control que le corresponde sobre la auditoría de las cuentas anuales de La Seda que realizó la firma Horwath.
La trama, en la Audiencia
La decisión del juez Velaco de separar las denuncias contra la CNMV y el ICAC de la trama central ha sido bien acogida por los accionistas minoritarios que consideran que «de esta forma, al realizarse una investigación separada, se podrán determinar mejor las responsabilidades de cada uno de los implicados en este caso», señalaron fuentes de la asociación.
Sin embargo, la pieza principal del caso, la que se refiere a las presuntas actuaciones fraudulentas cometidas por Rafael Español y José Luis Morlanes, entre otros, sigue siendo investigada por la Audiencia Nacional, que está realizando diligencias previas.
La Audiencia Nacional abrió estas diligencias a instancias de las denuncias de diversos accionistas de La Seda. La Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también ha pedido a la Policía Judicial que abra una investigación para encontrar pruebas sobre las presuntas irregularidades cometidas por el ex presidente Rafael Español y su sucesor en el cargo José Luis Morlanes.
Entre el mandato de Español y Morlanes se intercaló como presidente, durante apenas unas semanas, el actual presidente de la aseguradora catalana Fiatc, Joan Castells. En declaraciones públicas, Castells ha asegurado que algunas de las actuaciones que se realizaron en La Seda mientras Español era presidente y Morlanes consejero eran constitutivas de «delito penal». Castells, durante esa etapa, realizó funciones de vicepresidente, pero asegura que desconocía las operaciones que ahora investiga la Audiencia.
En la actualidad, el caso está en manos del fiscal Francisco Bañeres, el mismo que se encarga de la investigación de la trama de corrupción del caso Palau de la Música. El fiscal estima que hay indicios suficientes para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía haya iniciado una investigación a fondo.
Tras su salida de La Seda el pasado mes de julio, Español dejó detrás de sí una serie de operaciones irregulares cuya cuantía estimada podría superar los 100 millones de euros. Los presuntos delitos penales que se imputan a Rafael Español son: falsificación de las cuentas anuales, abuso de poder y alteración de los precios.
La investigación comenzó después de que la auditora KPMG detectara transacciones presuntamente irregulares entre La Seda y una serie de empresas participadas. Estas operaciones provocaron a la empresa pérdidas estimadas de más de 100 millones que Jose Luis Morlanes, como sucesor de Español en la presidencia de la compañía, decididó dotar y contabilizar como resultados negativos del ejercicio. La investigación está analizando los vinculos societarios y empresariales que Español y Morlanes mantenían y valorando la relación de ambos con las presuntas operaciones irregulares que se están investigando.