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Los planes de gestión de riesgos impulsados por la banca están dando sus frutos. El sector financiero ha logrado controlar la entrada de nuevos morosos después de que en 2008 y, sobre todo, principios de 2009, se disparara.
En el último año (de junio del ejercicio pasado a junio del presente), las principales entidades han logrado rebajar un 32,4 por ciento la incorporación de créditos en el capítulo de insolvencias. La cifra supone un recorte de 10.295 millones, hasta los 21.000 millones, que ha permitido reducir la tasa de préstamos de dudoso cobro varios meses de manera puntual.
Algunas entidades, incluso, han experimentado en el conjunto del periodo una disminución. Caja Madrid, una de las entidades más castigadas por la morosidad en la primera fase de la crisis, ha conseguido rebajar el porcentaje de insolvencias. En el resto de grandes grupos financieros continúa al alza, pero con menos empaque.
La menor entrada de morosos alivia la cuenta de resultados, ya que la necesidad de realizar provisiones con las que cubrir eventuales pérdidas desciende. De ahí que este indicador sea básico para determinar el estado de situación del sector, que ha permanecido en la UVI durante los últimos tres años y ha requerido la ayuda de las arcas públicas para sobrevivir.
Ha sido el motor de la banca extrajera en el segundo trimestre de 2010, que ha sorprendido al mercado con una mejora sustancial. Algunas entidades dejaron atrás sus pérdidas y otras duplicaron, incluso, sus beneficios.
Incógnitas en el aire
En España este fenómeno no se ha dado con tanta intensidad, pero sí han dado los primeros síntomas de una recuperación que no tiene marcha atrás, aunque persistan diversas incógnitas sobre el horizonte que se avecina.
La más relevante es la próxima entrada en vigor de las modificaciones aprobadas por el Banco de España sobre dotaciones por adjudicación de activos inmobiliarios y la unificación de los calendarios sobre provisiones en caso de préstamos impagados.
Los cambios, que suponen un endurecimiento de la legislación, tendrán que ser aplicados por las entidades a partir del 1 de octubre. La banca estima que el efecto será limitado y que será absorbido por la hucha genérica (aquella que se hace en función de los préstamos que conceden). Por ejemplo, Caja Madrid calcula que el impacto del nuevo reglamento sobre su balance ascenderá a 283 millones de euros.
A partir de esa fecha, las entidades tendrán que reservar el 30 por ciento del valor de los pisos en su haber una vez transcurridos dos años, y tendrán que dotar el cien por cien del importe en aquellos préstamos que permanezcan en mora durante más de doce meses.
Además de los cambios normativos, la incertidumbre que aún persiste sobre la economía española también genera dudas sobre si el control de la morosidad será flor de un día. Los expertos consultados por este periódico indican que se espera un otoño complicado, que podría disparar de nuevo la entrada de insolvencias.
Explican también que en los próximos meses vencen los programas de refinanciación de muchas inmobiliarias, que no serán renovados y que complicará su viabilidad futura.
El sector financiero ha modificado sus previsiones y ha alejado el cambio de tendencia en los impagos un semestre. Pero sostiene que los aumentos serán mucho más moderados que los vistos hasta ahora. Estiman que la morosidad iniciará la senda bajista el próximo verano.