eleconomista.es Si los sindicatos publicaran sus cuentas, otro gallo cantaría. A pocas horas de la primera huelga general a José Luis Rodríguez Zapatero, los sindicatos hacen estragos para movilizar al mayor número de ciudadanos posible.
Su credibilidad está en juego, pero su falta de transparencia no ayuda en nada a generar confianza. Y es que las respuestas sin contestar se van multiplicando. Las organizaciones sindicales más representativas siguen sin aclarar cuál es el monto total de financiación pública que reciben y no sólo la que ingresan del Estado, sino también de las autonomías y de los ayuntamientos. En especial, la que perciben a través de ese pozo sin fondo denominado formación. Además han creado un gran interrogante sobre el número de sus liberados e incluso sobre su propia afiliación.
No obstante, han intentado enterrar esta realidad con afirmaciones como la que realizó Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, en el programa de 59″: «El 90 por ciento de la financiación del sindicato son las cuotas de los afiliados». Pero las cuentas no salen. Si CCOO tiene 1,2 millones de afiliados, a 10 euros la cuota como mucho, supondría que la financiación del sindicato se establece en unos 150 millones de euros al año.
Financiación pública
El principal criterio de la financiación pública es el del sindicato más representativo, es decir, los que obtienen un mínimo del 10 por ciento del resultado electoral en las centrales de ámbito nacional. Los sindicatos mayoritarios recibieron de los Presupuestos del Estado 15.798.500 euros para 2010, la misma cifra que se estableció en 2009. Esta cuantía se entrega por la representatividad de las organizaciones en las tareas de intermediación y representa la parte más visible de la financiación sindical, tal y como adelantó elEconomista el pasado mes de octubre.
Sin embargo, las organizaciones se apoyan económicamente en otros pilares. El más sólido, sin lugar a dudas, es la formación. Para gestionarlo, el Estado cuenta con la Fundación Tripartita. Esta fundación se nutre de las cotizaciones de formación, que pagan los empresarios y los trabajadores, y de las dotaciones del Fondo Social Europeo. A través de ella, se entrega la financiación a las organizaciones empresariales y sindicales al 50 por ciento. Para 2010, el presupuesto de esta institución fue de 1.545 millones de euros y se utiliza para llevar a cabo Planes Intersectoriales. Hasta aquí, todavía estamos en terreno visible y justificable, dejando a un lado la calidad y eficacia de los cursos formativos que ofrecen CCOO y UGT.
Ahora bien, cuando miramos las cuentas de las autonomías, las cifras empiezan a multiplicarse y a hacerse incalculables. En primer lugar, el Estado transfirió en 2010 3.209 millones de euros a las autonomías por las políticas activas de empleo (cursos, reinserción laboral, talleres, etc). De este total, las comunidades destinan una parte para formación que es impartida, a su vez, por los sindicatos. Pero, en los casos en los que este periódico ha podido contrastar las cifras resultan infinitamente más altas. «A través de las comunidades, por ejemplo la Junta de Andalucía, CCOO y UGT reciben un goteo permanente de subvenciones», según fuentes sindicales.
Las organizaciones de Méndez y Toxo realizan convenios de colaboración con los servicios públicos de empleo autonómicos, en los que tan sólo se utiliza el criterio de la administración autonómica. Es decir, los fondos son el presupuesto autonómico directamente, por eso las cuantías son superiores a las que entrega el Estado a las autonomías. A modo de ejemplo, la Junta de Andalucía tiene firmado un contrato-programa con los sindicatos, en el que éstos funcionan de intermediadores laborales. Los demandantes de empleo acuden a ellos para buscar ofertas de empleo.
Las subvenciones se vuelven a multiplicar si se analizan las transferencias de los ayuntamientos. Pero también si se estudian las subvenciones que aprueba el Boletín Oficial del Estado. En los últimos dos años, el Gobierno ha destinado a los sindicatos cerca de 500 millones de euros en subsidios adicionales, según afirma el sindicato minoritario USO. Estas cesiones se realizan a través de diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Presidencia destinó el pasado 4 de agosto 29.036.380 euros a los sindicatos para el desarrollo de planes de Formación Continua en el ámbito de las Organizaciones Sindicales.
Financiación oculta
Todavía hay más fuentes de ingresos aparte de la formación. Durante los primeros meses de la crisis económica, el presidente del Gobierno otorgó a los sindicatos un poder incalculable: «Sólo se autorizarán los ERE que tengan la aceptación de los sindicatos». Con estas palabras, Zapatero dejó vía libre a CCOO y UGT.
Las organizaciones cobran a cada trabajador afectado por un expediente en torno a un 10% de la indemnización por negociarlo con la empresa, si no está afiliado al sindicato, según fuentes consultadas de los sindicatos. Teniendo en cuenta que la crisis ha disparado el número de expedientes hasta los 20.757 durante 2009, los servicios jurídicos de los sindicatos salen bastante rentables. Por este motivo, los sindicatos han intentado, en múltiples ocasiones, que el Gobierno hiciera obligatorio que los trabajadores pagaran al sindicato por intermediar en un ERE.
Por otro lado, también es sabido que las organizaciones sindicales se han aprovechado, en alguna ocasión, de su poder en la negociación colectiva. En 2009, por ejemplo, los sindicatos recibieron 650.000 euros de Citibank por colaborar en diferentes acuerdos laborales con la empresa.
Afiliados
Los secretos de los sindicatos continúan. En este caso, con las cuotas de los afiliados: su número esté también rodeado de muchos claroscuros. Aunque los sindicatos mayoritarios publican exactamente lo que deben pagar los afiliados en función de su estatus laboral (si son empleados, parados, estudiantes, jubilados, pensionistas,…), resulta prácticamente imposible averiguar cuantos afiliados agrupan, sobre todo por parte de UGT.
La media que pagan los afiliados en el caso de CCOO ronda los 7,6 euros mientras que en el caso de UGT roza los 6 euros. Pero la pregunta es ¿Cuántos pagan? En el caso de Comisiones Obreras, las cifras todavía están algo claras. El sindicato admite que su afiliación se estancó en 2009 en los 1,2 millones y, a pesar de la crisis, cuando la afiliación suele aumentar, el número de afiliados continúa igual de rezagado.
Tal y como informó elEconomista el pasado julio, el caso de UGT es mucho más misterioso. Según la organización, el sindicato cuenta con 1,2 millones de afiliados, pero fuentes del sindicato afirman que suelen contar también a los afiliados que llevan varios meses sin pagar y que el número real no supera los 815.000 miembros. Lo que significa que su afiliación ha caído de forma vertiginosa. No obstante, el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, sigue negándolo, pero, eso sí, sin ofrecer ningunos datos oficiales. Además cabe considerar que el sindicato de la UGT regala la cuota durante varios meses, si el trabajador cae en el desempleo.
La política que están llevando a cabo estas organizaciones está empezando a ser mal vista por sus filas. De hecho, algunos sindicalistas han optado por cambiarse de barco: a un sindicato de menor representación, pero con más independencia política. Así las cosas, en plena crisis económica, algunos sindicatos como la CSIF (el sindicato mayoritario en la función pública), USO o la CNT han incrementado sus afiliados.
Liberados
Lo mismo ocurre con el número de liberados. Cada medio de comunicación defiende una cifra, pero los únicos que lo saben realmente han optado por mantener la boca cerrada. No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno acudió al rescate de sus perseguidos sindicatos pero, nuevamente, sin decir las cosas claras: «En las empresas públicas los liberados sindicales son apenas el 1 por ciento del conjunto de sus trabajadores», explicó María Teresa Fernández De La Vega, que recordó que en la Administración General del Estado esa cifra ascendía al 0,14 por ciento del conjunto de los funcionarios. Unas cifras clarísimas y completamente explicativas.
Aplicando estos porcentajes, el número de liberados sindicales en el Estado y sus empresas se elevaría a 2.369, de los que 816 corresponderían a la Administración Central y el resto se repartiría entre los 320 de la Sepi, correspondientes al 1 por ciento de 32.000 empleados; 693, en Patrimonio y 540, en las empresas del Grupo Fomento.
Claro que, ésos siguen sin ser todos los liberados que existen en España. Hay que contabilizar también los liberados en empresas privadas, que, según la CEOE, son 4.127. Además los delegados sindicales, en teoría, superan los 300.000 entre empresa privada y Administración.
Por último, hay que contabilizar, los liberados de las comunidades autónomas, que todavía parece un secreto mejor guardado que el de la Administración. El único dato que ha trascendido ha sido el número de liberados en la Comunidad de Madrid que, según la presidenta, Esperanza Aguirre, asciende a 3.500, lo que supone 1.930 más de los que establece el Estatuto de los Trabajadores y Ley de Libertad Sindical. El resto de autonomías han preferido, igual que los sindicatos, mantenerse en silencio.
Patrimonio
A todos los privilegios económicos, se suma uno más: el patrimonio. Los sindicatos pueden disfrutar de forma gratuita del patrimonio acumulado, que formaba parte de la Organización Sindical durante el régimen franquista. En 1981, el Gobierno suscribió con CEOE, UGT y CCOO un acuerdo por el que se comprometía a ceder de manera gratuita todo el inventario de la Organización Sindical. Más tarde, a través de la Ley 4/1986 del 8 de enero, el Gobierno estableció la distinción de los inmuebles incautados por el régimen y los que eran patrimonio de la Organización Sindical. Así las cosas, los sindicatos disfrutan de numerosos edificios, muchos de ellos de un gran valor histórico y con una ubicación excelente. En ellos han establecido sus sedes y diversos centros de trabajo sin pagar nada de alquiler.
Sin embargo, el sindicato de Méndez todavía se ha beneficiado aún más. El Gobierno de la UCD devolvió a UGT el patrimonio histórico que le incautó el régimen. Pero, no contento con esto, Zapatero, a través de un Real Decreto Ley en 2005, que modificó la ley de 1986, restableció más patrimonio para UGT, eliminando de la ley el hecho de que tenía que haber sido «incautado» por el régimen.
En definitiva, aunque los sindicatos se empeñen en transmitir credibilidad a sus convocantes, la opacidad de algunos de sus datos no juega en su favor.