Hay quien le acusaría de machista y de discriminación a la mujer. Y habrá posiblemente quien crea también que no es así. Lo único cierto es que el testamento de José María Ruiz-Mateos, al que ha tenido acceso elEconomista, no dejará indiferente a nadie.
La voluntad del empresario jerezano, que quedó plasmada por escrito hace seis años, establecía que sus siete hijas debían renunciar a las compañías de Nueva Rumasa a cambio de quedarse con dinero y activos inmobiliarios (tres casas para cada una de ellas). Los negocios quedaban así sólo para los seis varones, que debían comprometerse además a asumir las cargas hipotecarias de las casas de sus hermanas, liberándolas de ellas a sus vencimientos ordinarios.
Papel mojado
El empresario jerezano fue claro y contundente, fiel a su estilo incluso a la hora de redactar el destino de su herencia, como queda reflejado al principio del documento. «Don José María Ruiz-Mateos, que profesa la religión católica, apostólica, romana, fe y creencias en las que ha vivido y desea seguir viviendo y morir, y haber vivido toda su vida bajo el especial manto protector de la Virgen María, por la que siente y profesa una especial veneración; dejando todo lo relativo a su entierro y sufragios por su alma a voluntad de sus herederos…».
Aunque con todo el patrimonio embargado, una deuda de 1.500 millones de euros y prácticamente la totalidad de las empresas en concurso de acreedores, se trata ahora de papel mojado, el documento ha enfrentado abiertamente a la familia.
Según confirman fuentes próximas a los Ruiz-Mateos, las hijas están dispuestas a plantar batalla para impedir que ellos se queden con el dinero evadido durante los últimos años, sobre todo a cuentas en Suiza, pero también a distintos paraísos fiscales del Caribe. Todo sin olvidar además que en caso de fallecimiento de cualquiera de las hijas, se establece que sus maridos no puedan disponer de ninguno de los bienes.
Actas de renuncia
Cada una de las hermanas Ruiz-Mateos firmó un acta de renuncia voluntaria a las empresas, pero el testamento del patriarca establece también que tanto unos como otros debían «hacer cada dos años un acta de manifestaciones ante notario indicando que el acuerdo adoptado el 27 de febrero de 2004 está desarrollándose a su entera satisfacción». La gestión del grupo, en cualquier caso, sigue siendo de José María Ruiz-Mateos hasta su fallecimiento.
«El justiprecio a recibir del Estado por la expropiación (incautación de Rumasa) será a repartir en su día entre los 13 hijos, y una catorceava parte para Doña Teresa, con un mínimo de 60 millones de euros». Es decir, que aunque no han tenido ninguna sentencia favorable en este sentido y el Estado ha dicho ya en numerosas ocasiones que no hay absolutamente nada que pagar, esperaban ingresar al menos 840 millones para repartir entre la esposa y los trece hijos.
Si el supuesto justiprecio a recibir por la expropiación de Rumasa, una vez dividido por 14 partes, fuera superior a 60 millones, «mis siete hijas deberán ratificar su voluntad de renunciar a favor de sus hermanos varones de las cantidades que les quedarán por recibir de los mismos como compensación a su renuncia en la gestión y propiedad de las empresas que constituyen Nueva Rumasa». Se contempla que los maridos de las hijas no puedan disponer de los bienes en caso de que éstas fallezcan, aunque se establece también que «en caso de premoriencia, renuncia o incapacidad para suceder de los instituidos, sustituye vulgarmente a cada uno de sus trece hijos por sus respectivos descendientes o estirpes, determinándose dentro de cada una los llamados sustitutos vulgares de los herederos».
En teoría, y aunque en el testamento no figura como tal, las hijas de Ruiz-Mateos se quedarían un total de 21 casas -tres para cada una de ellas- repartidas entre Madrid y la costa, fundamentalmente en la provincia de Cádiz. Aunque embargados en sus totalidad, Nueva Rumasa es propietaria en total de 45 viviendas repartidas por las zonas más exclusivas de Madrid -en Aravaca y Pozuelo de Alarcón- y de Cádiz, con casas en Sotogrande, El Puerto de Santa María, Rota y Jerez de la Frontera, entre otros municipios.
elEconomista ha tenido acceso tanto al Libro Verde, un dossier interno donde quedan reflejadas todas las sociedades, como al Libro de Activos, que detalla una por una las propiedades del conglomerado, incluyendo fotos, cargas hipotecarias, seguros y valoraciones realizadas por Tinsa, que se trataban de ocultar en muchos casos al Fisco a través de sociedades pantalla.
Se trata de documentos esenciales en la investigación judicial, que permitirá, una vez embargadas por orden judicial 220 fincas e inmuebles, incluyendo fábricas y hoteles, hacer frente a los pagos. En total, son propiedades que podría superar en el mercado los 200 millones de euros. De acuerdo con las primeras estimaciones realizadas, tan sólo las casas podrían alcanzar en el mercado un valor entre 30 y 35 millones de euros.
Cada una de las siete hermanas aparece como apoderada y titular única en una sociedad distinta, pero todas coinciden en tener una misma administradora -Cyntia de Raveneau- y contar entre sus activos con inmuebles en España. Las sociedades están constituida en todos los casos con un capital social de 50.000 dólares (37.800 euros).
Hipotecas
El juez está analizando ahora pruebas y documentos que demuestran que la familia Ruiz-Mateos engañó a los inversores de los pagarés y usó el dinero para pagar sus hipotecas, pudiendo mantener así su alto nivel de vida. Pero es que, por si fuera poco, en el sumario se refleja también como pocos días antes de que las empresas de Nueva Rumasa empezaran a quebrar, los 13 hijos se elevaron el sueldo y se otorgaron indemnizaciones procedentes del dinero del grupo para poder seguir pagando sus créditos hipotecarios.
En un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía, se afirma que los asesores recomendaron a los hijos varones no presentar concurso de sus patrimoniales mientras pudieran pagar los préstamos. Sin embargo, les aconsejaban «revisar» quiénes eran los administradores de estas sociedades «para que no coincidan» con las empresas del grupo que iban a presentar concurso y evitar así embargos sobre sus bienes.
A las hijas les aconsejaron formular «contratos de arrendamiento de las viviendas con sus familiares para poder pedir la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en caso de impago o embargos».