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Este nuevo estándar tiene tres implicaciones que pueden tener un coste muy elevado para las entidades y obligar a muchas a solicitar también dinero público: una clasificación más estricta de los créditos inmobiliarios, unas mayores provisiones para el ladrillo y una exigencia de provisiones para los créditos refinanciados a las empresas no promotoras.
Como ha informado El Confidencial, haya bastante temor en el sector a que las valoradoras internacionales vayan a obligar a todo el mundo a elevar dicha cobertura por encima de las exigencias de las dos reformas financieras del ministro Luis de Guindos.