Todos sabemos que el Partido que ocupa el Gobierno está desguasando el estado del Bienestar sobre todo allí donde el erario público gasta más dinero con el pretexto de mejorar y cumplir con el Déficit Público, pero cuando se habla de desguace hay que hablar también de qué empresas se dedican a recoger la chatarra, al parecer y presuntamente siempre personas muy afines al poder político se están convirtiendo en socios de chatarrerías y la gente lo sabe, y lo denuncia, desde luego si esto presuntamente es verdad a más de uno y una se le tiene que caer la cara de vergüenza.
No entro a juzgar a nadie porque si son socios de una empresa sea cual sea como si es un bar de alterne es porque legalmente lo pueden ser, pero la falta de ética que es sabiendo quien se es hacer lo que están haciendo es monumental aunque como digo sea totalmente legal. Habrá que seguir muy de cerca a todas estas empresas públicas que está liquidando el Gobierno a manos de quienes están yendo, si esto lo hacen en algo tan claro y visible imaginaos en empresas de la Administración Local y Central que casi nadie sabe que existen o existían.
Es uno de los principales proveedores europeos de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia.
Tiene presencia en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Alemania y también está ligado a actividades inmobiliarias.
Creado en 1993, de origen sueco, tiene una facturación anual superior a 12.000 millones de coronas suecas (1.200 millones de euros) y 14.000 empleados.
En nuestro país, cuenta con 28 centros, 14 de ellos hospitales, entre ellos, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital General de Cataluña en Barcelona, el Hospital Sur de Alcorcón de Madrid o el de Las Tres Culturas, en Toledo.
En enero de 2005, compró Ibérica de Diagnóstico Cirugía (IDC) que era el primer grupo hospitalario privado español por 330 millones de euros.
Está ya presente en siete CC.AA. y factura más de 300 millones de euros.
Es el concesionario del hospital de Valdemoro y ello, junto a la nueva zonificación sanitaria de Madrid (Área 14, Fundación Jiménez Díaz), implica que 500.000 pacientes madrileños y más de 200 millones de euros anuales son su volumen de negocio.
En 2007, Capio fue objeto de una OPA por parte de la multinacional Apart Partners SA (APSA), una entidad financiera de capital riesgo con base en el Reino Unido que opera en Hong Kong y otros países.