El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad –CERMI– ha alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia supone la defunción de la norma en un comunicado de prensa, asegurando que el sistema «languidece desde hace muchos meses y someterlo a nuevas medidas de contención y ahorro, sería darle el golpe de gracia y frustrar de este modo la legítimas expectativas de atención de cientos de miles de personas mayores y personas con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual«.
«Recortar más la Ley constituiría un gran fracaso social, un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte, en un momento crítico, a los segmentos más vulnerables en términos de derechos y bienestar del país«, indica CERMI, así como que «es el momento de que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y todas las fuerzas políticas, más los sectores sociales de mayores y discapacidad, suscriban un gran pacto para salvar la Ley y el Sistema, que permita alcanzar las previsiones con las que surgieron, y que les dote de estabilidad institucional y financiera, dejándolas fuera de las tensiones económicas del momento«
Recordemos asimismo que el Gobierno se enreda en sus propias mentiras, porque los últimos recortes anunciados en la citada ley de Dependencia son viejos conocidos; la semana pasada la vicepresidenta, al detallar el tan cacareado y desplumado II paquete de reformas del Gobierno señaló un recorte –bueno, dijo «ahorro» pero ya sabemos todos los dados a eufemismos del Gobierno– de 1100 millones de euros en programas de ayuda a la dependencia, pero en realidad ésta haciendo mención a 4 medidas acordadas el pasado año con las CCAA que comenzarían a aplicar este año 2013 y el siguiente, que eran la reducción del 15% de la prestación a cuidado familiar, la eliminación del pago de cuotas de la seguridad social de cuidadores familiares, priorizar prestaciones a servicios profesionales y fijación un copago del ciudadano del 5%.
Por tanto, no son medidas o recortes nuevos, sino antiguos acuerdos con las CCAA, que van a entrar en vigor rápidamente, lo cual no quita que Bruselas se dé cuenta del engaño y decida querer que España, tijera en mano, aplique más recortes, ésta vez de verdad, con lo que dado el estado de las cuentas del país y visto que ya queda poco de donde cortar que no les afecte a nuestros «queridos» gobernantes, les de por eliminar definitivamente la citada ley y sus ayudas en lugar de hacer lo que tendrían que hacer, como por ejemplo mejorar la duplicidad y eficiencia del modelo autonómico –insostenible antes de la crisis y ahora ya insoportable– aunque pensar en que la clase política y sus miles de asesores «a dedo» vaya a renunciar a sus poltronas, coches oficiales, dietas y demás privilegios, es una utopía…