EXPOLIO SILENCIOSO
¿Podemos permitir la venta de la naturaleza para pagar rescates bancarios o facilitar el lucro de un puñado de inversores? Si pensamos en el planeta como el sistema del que somos parte, con bosques y suelos como pulmones y montes y ríos como arterias, donde convivimos con una fantástica diversidad de seres vivos y que es la única garantía para la vida de nuestros descendientes, poner el interés privado por encima del público es de una tremenda miopía y mediocridad. Una agresión que quizá a nuestros gobernantes les puede parecer menor –con la que está cayendo a nadie le importará que vendamos unos cuantos bosques o arenales, pensarán los que están al mando de este expolio silencioso–
Me refiero a otra de las imposiciones de la troika para paliar la deuda griega: poner en venta todos los recursos naturales o explotarlos sin mesura –y cuidado, que la medida, aunque no lo crean, también se aplica en España–
En Grecia, laboratorio de unas políticas de rescate curiosas y «más que preocupantes«, los mecanismos utilizados conllevan modificar disposiciones legales que llegan a cuestionar la Constitución, que impedía la explotación privada del litoral y de los espacios forestales –por ejemplo, a finales de enero, el lago de Casiopea, en Corfú, fue vendido a NCH Capital y desde la primavera del 2012 las playas se pueden ceder por 50 años– o también la nueva explotación de los recursos mineros, que está dejando el mapa griego señalado de puntos conflictivos –se habla de bolsas de petróleo en el mar que, si se encuentran, no generarían beneficio más que a las empresas extranjeras explotadoras de los yacimientos– e intensas movilizaciones sociales reprimidas contundentemente por las «fuerzas del orden» griego…
La lista de tropelias y abusos griegas se puede extrapolar sin riesgo a nuestro país, donde se repiten las mismas quimeras: petróleo en Canarias, minas de cielo abierto para extraer oro en Galicia, uranio en Catalunya o libre albedrío a técnicas de fracking, tan dañinas para el medio ambiente, pero como en Grecia, habría que denunciar las leyes que el Gobierno central dispone para servir el territorio en bandeja de plata y abierto en canal a intereses extranjeros, permitiendo el saqueo de nuestros bienes comunes.
Por un lado, tenemos la ley de protección y uso sostenible del litoral que sustituye a la ley de costas de 1988 y que vulnera principios constitucionales básicos –de cumplirse la ley, bienes de dominio público pasarían a manos de inversores privados y quedarían desprotegidas zonas de alto valor como humedales o esteros marinos y sangraría las playas que pertenecen al mar para entregarlas a proyectos urbanísticos– y por otro, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local –la famosa ley Montoro– que, mintiendo respecto al logro de una supuesta eficiencia, quiere desmantelar los sistemas de gobernanza de los pequeños municipios y pedanías, tal vez para poder poner a la venta los montes y suelos públicos que estos ayuntamientos y concejos de vecinos han gestionado colectivamente durante cientos de años.
Leyes que olvidan que hablamos de bienes de dominio público que, según la Constitución, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Fuente: Gustavo Duch
