En comparación con el resto de los países occidentales, Francia sólo «blinda» a su presidente y sus ministros, mientras que en Alemania, Gran Bretaña y EEUU este privilegio ni siquiera existe, por tanto, yo me pregunto: ¿porqué en España más de 10.000 políticos gozan de un conjunto de privilegios a la hora de ser juzgados por cualquier delito?
Este aforamiento implica la alteración de las reglas de la competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas, en este caso, sin duda, de la casta política española, ya que los delitos de los aforados, por tanto, no son investigados por un juez cualquiera, sino los dos tribunales de alto rango cuyos nombramientos están muy politizados: el Supremo para cargos nacionales y los TSJ para cargos autonómicos –y recordemos son los partidos quienes eligen a los miembros del CGPJ, que, a su vez, nombra a los jueces del Supremo, quienes son los únicos que se pueden encargar de juzgar a cargos políticos aforados–
En este sentido, Juan Luis Gómez Colomer –coautor del mayor tratado sobre el aforamiento– afirma «el aforamiento es un incentivo a la corrupción porque facilita la impunidad de los políticos que delinquen» y tampoco es sorprendente que propuestas políticas presentadas para anular este privilegio, no hayan salido adelante y siempre hayan sido rechazadas los partidos mayoritarios. Recordemos que algunos de los grandes beneficiados de estos privilegios han sido el expresidente del Gobierno socialista Felipe González –que evitó ser imputado por los GAL– o el también socialista José Blanco –que tampoco pudo ser juzgado por el caso Campeón–