Funcionarios y dimisión: ¿caminos siempre divergentes?

La corrupción es habitual en cualquier parte del mundo; en todos los países hay funcionarios que violan la ley y abusan de su poder para beneficiarse, e incluso en algunas culturas y paises sus ciudadanos aceptan algo de corrupción siempre que haya desarrollo económico.

Lo que varía notoriamente de una sociedad a otra es cómo se lidia con este fenómeno cuando alcanza estado público. En todos los casos interviene la justicia, que investiga y decide si el acusado es culpable o inocente, aunque en algunos países lo hace con independencia del poder político y en otros, no. De la misma forma, en algunos países basta una sospecha de corrupción para que un ministro o secretario de estado dé un paso al costado, y en otros, se aferran al cargo pase lo que pase.

Desgraciadamente, incluso en los sistemas judiciales más eficientes pasan años hasta que hay certeza sobre la responsabilidad del imputado, por tanto ¿qué pasa con el funcionario en el ínterin? ¿debe continuar en el cargo o renunciar?

«Tiene que ver con el desarrollo del estado de derecho. En los países más desarrollados, cuando hay un señalamiento de corrupción hacia un funcionario, éste inmediatamente pone a disposición el cargo, para que se realicen las investigaciones. En esos casos hay plena convicción de que es muy importante la moralidad pública«, explica Jaime Cárdenas Gracia, doctor en derecho especializado en ciencias políticas. «En otros países, esgrimiendo el principio de presunción de la inocencia, no renuncian hasta que se comprueban las imputaciones. Pero en este tipo de delitos es muy difícil obtener pruebas, y se vuelve imposible que un funcionario sea destituido«, agrega.

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