La Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado que el presidente Carles Puigdemont y sus ‘consellers’ depositen una fianza, que no cuantifica, para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la comisión de delitos y recuerda que las partidas presupuestarias destinadas a gastos vinculados con el referéndum ascienden a 6,2 millones de euros. Precisa que deben tomarse todas aquellas medidas complementarias que sirvan para garantizar un futuro pago de posibles multas o indemnizaciones, lo que incluiría también el bloqueo de cuentas o embargo de propiedades, que queda al criterio del Tribunal Superior de Justicia Cataluña.
La Fiscalía se ha querellado también contra la presidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir a trámite la ley del referéndum por «su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales».
En la querella presentada hoy ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía les achaca delitos de «desobediencia grave cometida por autoridad pública», de prevaricación y malversación.