La Audiencia Nacional ha incluido al Banco Santander en la causa que investiga la gestión durante los últimos meses de vida del Banco Popular, al considerar a esta última extinguida tras culminar la fusión en septiembre de 2018,han informado hoy fuentes jurídicas.
No es la primera vez que un banco que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad ha tenido que asumir responsabilidades de la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que figuró como acusado el Banco Sabadell, finalmente exonerado.
También en la vía civil se han dado otros casos con Bankia como protagonista, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas de conductas del Banco de Valencia, controlado por Bancaja.
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El juez José Luis Calama considera que la integración de Popular en el Grupo Santander conlleva que la responsabilidad penal recaiga en el banco que preside Ana Botín como comprador y, por tanto, sucesor empresarial.
La sombra judicial de Popular es cada vez más alargada. La Audiencia Nacional ha decidido reclamar responsabilidades penales a Banco Santander en el proceso que se sigue contra Popular por la gestión de la entidad durante la etapa de Ángel Ron y, posteriormente, de Emilio Saracho, que tomó las riendas del banco en los últimos meses antes de su resolución.
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