Si bien se crearía con buenos propósitos de cuidar la cuestión de los derechos de autor de los artistas, desde hace más de 10 años todo lo que escuchamos o vemos de la Sociedad General de Autores y Editores huele a la misma cosa. La percepción que le queda a uno después de tantos años es la de una institución convertida en parte en un lujoso retiro espiritual donde la práctica habitual es el pillaje; una residencia no para jubilados sino para el júbilo, situada en ese pantanoso terreno que discurre entre lo público y lo privado. Tremendamente anacrónica. No estamos hablando de toda la SGAE: los intentos de cambiar la situación también han venido desde dentro, la última vez con una candidatura alternativa formada por gente con pinta de ser más honesta y que terminó agotada y lanzando acusaciones sobre el sistema de votación.
Tampoco puede negarse que los compositores más poderosos tampoco se han dejado la piel en este asunto, entre otras cosas porque suelen ser los que más dinero generan. Sin embargo, la situación ya es clamorosa para el sentido común que hasta José Luis Perales, que debe de ser uno de los compositores españoles que más derechos genera, considera justa y oportuna la propuesta de intervención. Las multinacionales ya han puesto un pie fuera y el resto de las instituciones no la ve con buenos ojos. La injusticia, como suele ocurrir en no pocas ocasiones, es peor para los de abajo y para la gente honrada. También para la ciudadanía, que comprueba cómo la música es uno de los pocos oficios en los que uno puede seguir viviendo de un trabajo que hizo hace treinta o cuarenta años. Ya me dirán cuándo fue la última vez que escucharon algo nuevo de artistas como Hevia o Virginia Glück, por citar solo un par de ellos.
El Ministerio de Cultura ha pedido permiso para intervenir la SGAE y el ministro ha señalado el ‘camino hacia el abismo’ de la institución. Mientras tanto, se están produciendo revueltas en la propia sede. Según una comisión deontológica, casi la mitad de los miembros de su junta directiva no deberían serlo por conflicto de intereses. Después de ganar las elecciones, empezaron a salir de manera insistente en ‘la rueda’, revelado como un sistema tramposo creado exclusivamente para obtener derechos de autor en connivencia con las televisiones privadas pero también algunas públicas, que aprovechaban la franja de la madrugada para colocar conciertuchos de artistas de medio pelo, con una audiencia despreciable pero cuyos ingresos llegaron a representar el 70% de la recaudación por la música en la televisión. Las canciones que salen en la tele producen la mayoría de los ingresos de una entidad que ingresa, según los datos que se han escapado de su sospechosa falta de transparencia, unos 250 millones de euros al año. La rueda fue una trampa diseñada por músicos acabados que pretenden seguir viviendo de las rentas, pero trabajando poquito. Si intervienen la SGAE debería ser para desintegrarla, es tan mala que hasta se le debería cambiar el nombre.