Doce agencias, más de setenta consorcios y doscientos organismos están en el punto de mira del nuevo gobierno de dicha CCAA; la idea es desmontar los numerosos entes públicos creados por el PSOE en sus cuarenta años de gobierno en dicha región.
La estrategia cuelga de distintas áreas del gobierno y se desarrollará a partir de una auditoría con la que se pretende arrojar algo de luz sobre la llamada «tela de araña andaluza«. En total, se estima que estas entidades ocupan a cerca de 25.000 trabajadores y que el coste para el erario público llega a 6.000 millones de euros, que, no obstante, manejan ingentes cantidades de dinero público.
Incluso algunos de los consorcios en el punto de mira –entidades participadas al 50% por el gobierno andaluz y el otro 50% por entidades dependientes de administraciones locales– ni siquiera tienen actividad pero continúan absorbiendo subvenciones y transferencias de la Junta con la excusa de mantener su funcionamiento, dándose casos paradójicos de entes con empleados públicos pero sin sede formal de trabajo.
Servidor no quiere ni imaginarse la cantidad de casos similares que puede haber en otras CCAA de nuestro amado país, aunque claro, falta la iniciativa de coger la tijera y ponerse manos a la obra aunque igual ocurre que todo se queda en agua de borrajas, por aquello de «hoy por ti, mañana por mi» ¿no creen?
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