En España hay 2,6 millones de empleados públicos: 1,4 millones son funcionarios de carrera, 581.294 son empleados laborales y 560.717 son calificados como otro personal. Muchos de ellos -a excepción de los sanitarios, los profesores, los cuerpos de seguridad y los que son considerados esenciales en su atención al público– han tenido que dejar de trabajar de forma presencial y adaptarse al teletrabajo o, en algunos casos, quedarse en casa sin trabajar.
Es el caso del personal no esencial pero cuya actividad sólo se puede realizar presencialmente -desde un ordenanza hasta un chófer- y que tienen permiso para quedarse en casa sin trabajar cobrando el mismo sueldo del Estado, ya que no han sufrido ninguna reducción de sueldo ni tampoco han sido incluidos en ninguna suerte de Expediente de Regulación Temporal de Empleo como han pedido organizaciones empresariales, lo que supondría un ahorro para el Estado y los contribuyentes, que gasta anualmente 127.000 millones de euros en nóminas.
Independientemente de que el Estado se haya planteado o no una suspensión o reducción de jornada para esos empleados públicos, el problema está en que la complejidad administrativa impide al propio Estado conocer cuántos trabajadores públicos están yendo a trabajar, cuántos están teletrabajando y cuántos no hacen ni una cosa ni la otra.
Hablando claro: De los 2.595.575 empleados públicos del país, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sólo sabe dar cuenta de lo que ocurre con los 231.760 trabajadores de la Administración Central del Estado. Ahí se incluyen los trabajadores de Ministerios (93.300), los de Organismos autónomos (63.989), los que trabajan en Entidades públicas empresariales (22.017), en Agencias estatales (14.039), en Autoridades administrativas independientes (1.552), en Universidades públicas no transferidas a las comunidades (2.475) y en otros entes de Derecho Público (34.388). De ellos, solo 49.667 personas siguen yendo a trabajar presencialmente, un total de 111.472 trabaja de forma no presencial, 3.163 se encuentran a día de hoy en aislamiento –por contagio o relación con algún infectado de coronavirus-, y el resto está en casa sin trabajar y cobrando. Aproximadamente un 8% del total, según los datos del Ministerio actualizados a 8 de mayo.
No obstante, el grueso de los empleados públicos en España trabaja en las Comunidades Autónomas (1,5 millones de funcionarios) y otros 582.317 en las Corporaciones Locales (Ayuntamientos).
Lo divertido del caso es que no hay ningún organismo que haya recopilado los datos del teletrabajo en las 17 comunidades, ni siquiera el sindicato de empleados públicos CSIF ve capaz dicha tarea, ya que reconoce que sería una labor ardua porque habría que preguntar a cada comunidad y ayuntamiento y la mayoria ni siquiera tienen datos fiables al respecto.
No obstante, tenemos el ejemplo de la CCAA de Madrid, que si ha contabilizado y divulgado la situación del teletrabajo entre sus empleados públicos, y tal vez sea un ejemplo extrapolable a otras CCAA … el caso es que en dicha CCAA hay 17.565 empleados públicos -un 10,9%- que ni trabaja presencialmente ni teletrabaja, pero que sí siguen cobrando su sueldo.
Fuente y articulo completo: vozpopuli.com
vozpopuli.com/economia-y-finanzas/estado-funcionarios-administracion-coronavirus-teletrabajo_0_1356164897.html
Te comento que yo trabajo en una empresa pública de la que lógicamente no voy a dar el nombre.
Durante los dos primeros meses de confinamiento apenas hemos ido a trabajar el 30% de la plantilla, de una empresa que se ha declarado «critica». del resto una pequeña parte ha teletrabajado y los demás en su casa rascandose la barriga y cobrando el 100% de su sueldo.
Cuando se les ha pedido reincorporarse ha habido mil y una pegas, multitud de trabajadores intentando declararse sensibles, etc…
luego nos quejamos de la mala fama de los funcionarios, pero en muchos casos esta bien ganada y la vemos en nuestro día a día.
en fin, una vergüenza…