Tras meses de incertidumbre –tal y como expresan agentes con años de experiencia en tareas de seguridad– y mucho tiempo con las manos atadas para poder actuar ante las dramáticas situaciones de lo que vulgarmente se denomina «okupación», la Guardia Civil y la Policía Nacional ya cuentan por fin con un protocolo único y homogeneizado al que atenerse para agilizar el desalojo de okupas en viviendas de toda España.
La principal novedad de esta nueva instrucción, es que se elimina el plazo de 48 horas que limitaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para echar a los usurpadores y se considerará igualmente delito de allanamiento de morada tanto la okupación de la primera residencia como de la segunda. En ambas situaciones podrán actuar de manera inmediata y fulminante contra los invasores del inmueble.
Tras la rúbrica en este nuevo documento de Rafael Pérez, Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, si el delito que los okupas están cometiendo resulta flagrante se les podrá expulsar en cuanto el propietario acredite con pruebas –tales como título de propiedad, testigos, declaración de los vecinos incluso– que la casa allanada es suya y que no tiene ninguna intención de permitir que esas personas continúen en su interior.
En el ministerio reconocen que es cierto que las okupaciones no se han incrementado con respecto a otros años. Sin embargo, explica la nueva instrucción,»el fenómeno transgrede y afecta a la seguridad pública y ha producido una alarma social que ha incidido en la percepción subjetiva de seguridad». Es por ello que al fin se han puesto manos a la obra para dotar de herramientas a los agentes, creando una acción coordinada desde el Estado.
El procedimiento a partir de ahora será el siguiente: «Simplemente con un atestado policial, una diligencia de entrada con el propietario. Sin miramientos. Lo primero será negociar. Si se niegan a salir se llama a un cerrajero o se le expulsa por la fuerza«, explica un agente de la Benemérita con experiencia en la materia, de tal modo que incluso en cero coma podría expulsarse a las personas que se encuentran en el inmueble.
Los agentes de todos los cuerpos policiales deberán, al llegar al lugar, rellenar un atestado con todos los elementos que aportar a las autoridades judiciales. Esto ayudará a probar que se está cometiendo un delito, o usurpación o allanamiento con el fin de proceder al desalojo cautelar de la casa okupada.
En cuanto tienen el atestado y todas las pruebas aportadas por los propietarios, el siguiente paso es negociar con los autores del delito y conminarles a salir de la casa en la que se han establecido. En caso de que se nieguen a ello, se procederá a desalojarles, a detenerles y a denunciarles por el delito en cuestión más otro de desobediencia a agente de la autoridad.
Se trata de un cambio sustancial porque hasta ahora resultaba imposible actuar para los agentes. «Hasta ahora llegábamos y no podíamos hacer nada, solo certificar el hecho«.
Fuente y articulo completo: elespanol.com
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